Jaime de Althaus, Periosita y antropologo
El Comercio, 22 de diciembre de 2017
Tenemos que salir del trauma que ha sido todo esto, lleno de excesos de todos lados. En la medida en que, frente a la acusación de mentir reiteradas veces en cuanto a sus relaciones con Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski lamentablemente no tenía más respuesta que asegurar que él no sabía (cuando se trataba de una empresa unipersonal) y que su empresa no contrató con el Estado sino con otra empresa privada (que manejaba proyectos del Estado Peruano, uno de ellos concesionado por él), es decir, al carecer de respuestas sólidas o creíbles, optó por incendiar Roma: acusar gratuitamente a la mayoría congresal de estar dando un golpe contra la democracia, denunciar este hecho ante la OEA, presentar amparos para llegar eventualmente a la CIDH e inducir a Moody’s a advertir que las acciones del Congreso peruano son “extremadamente preocupantes”.
En otras palabras, no le importó dañar la imagen del país para tratar de salvarse, ni reavivar la polarización ni sumirnos en la inestabilidad durante meses, porque no contento con eso advirtió que si él era vacado, sus vicepresidentes renunciarían, chantajeando al Congreso y obligando al país a pasar por las horcas caudinas de una elección sin resultado previsible. Y si no resulta vacado, ¿cómo va a reconstruir los puentes dinamitados? Tendría que renunciar, por el bien del país.
Es cierto, de otro lado, que voceros de Fuerza Popular (FP) condenaron el viernes pasado al presidente antes de escucharlo y lo lincharon verbalmente, y que el intento de destituir al fiscal de la Nación responde a un reflejo autoritario. Pero el proceso a los cuatro magistrados del TC se justifica plenamente (cambiaron un voto de un ex magistrado que no se puede defender para anular un hábeas corpus) y no fue presentado por FP sino por los marinos y sustentado por el congresista de PPK Pedro Olaechea. El argumento de que se quiere instaurar una autocracia es inverosímil. No hay golpe posible si, dada la vacancia o la renuncia, PPK es reemplazado por Vizcarra. ¡Quien no lo quiere así es PPK!
Es cierto también que parece excesivo vacar a un presidente por mentir (aunque depende de lo que la mentira oculta) y que el proceso es sumario. Pero el problema está en la institución de la incapacidad moral permanente, en sí misma fuente de arbitrariedad e inestabilidad. En las constituciones del siglo XIX significaba incapacidad mental: locura, senilidad, Alzheimer… Eso es objetivo y simplemente se certifica, y vaca la presidencia. No hay “debido proceso”. Pero luego se volvió sinónimo de inmoralidad. ¿Cuál es el debido proceso para evaluar la gravedad de una mentira? Borea hizo notar el problema de la proporcionalidad entre una supuesta mentira y la vacancia que, además, supone deshonrar al vacado.
Pero, dada la institución, la ley de gravedad política hacía inevitable que se presentara un pedido de vacancia luego de advertir las mentiras. Producido el daño, una presidencia en manos de Vizcarra (por vacancia o renuncia) y una Keiko aplacada deberían poder producir impostergables acuerdos para sacar adelante el país. Y quizá lo positivo sea el aprendizaje colectivo del conflicto de intereses y de la diferencia entre lo público y lo privado.
