Los tambores de guerra del Gobierno empiezan a sonar con más fuerza. A estas alturas, ya es claro que el gran objetivo de Pedro Castillo o de la coalición de izquierda gubernamental no es recuperar la economía o generar empleo, sino instalar la asamblea constituyente para cambiar de modelo económico y político, concentrar el poder en el gobernante y perpetuarse en él. Por eso, muchas de las medidas que se dictan o anuncian están orientadas a generar bases sociales que puedan ser movilizadas para ese fin.
La conexión entre fin y medios se hizo evidente el día en que la propia vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, inició la entrega del Bono Yanapay en Cañete: “Estamos trabajando y recolectando firmas para ese referéndum”. Poco le faltó para decir: les estamos damos bonos para que firmen por la constituyente.
Y ayer, el primer ministro Guido Bellido acudió a Cotabambas en el corredor minero para reabrir una mesa de diálogo, y allí dijo a los comuneros que la población se tiene que movilizar para exigir una nueva constitución. Es decir, el Gobierno les va a ayudar a resolver sus demandas, pero a cambio de su apoyo. Ya había dicho en el Congreso que pedía el voto de investidura para cambiar la Constitución de 1993. ¡Y se lo dieron!
Por eso, avanza de manera cada vez más desembozada. Por supuesto, a mayor activismo pro-asamblea, mayor incertidumbre, más trepan el dólar y los precios, y, por lo tanto, mejor recibidos los bonos al costo de S/5 mil millones y otras medidas como el subsidio al gas, que costará S/780 millones. Así, el Gobierno arruina el crecimiento y la estabilidad de precios, pero consigue apoyo popular movilizable.
Incluso es capaz de hacer populismo demagógico con el alza de precios generada por él mismo. Bellido dijo el jueves que el dólar sube porque quieren castigar al pueblo que votó por Castillo: “[…] hay también gente que está arriba, sí, porque alguna vez dijeron: ese pueblo que eligió a Pedro Castillo se le debe castigar, debe estar el dólar en S/6. Así se nos amenazó”.
Las medidas particulares que da el Gobierno son contraproducentes, pero se dan con el fin de reclutar grupos de acción. El ministro de Trabajo, el sindicado senderista Iber Maraví, reunió a una mini-manifestación de trabajadores delante del ministerio para que le agradezcan el anuncio de poner fin a la suspensión perfecta de labores, y terminó su alocución diciendo que se dan estas medidas porque tiene que haber justicia en la relación entre empleadores y trabajadores, pero, como en los otros casos, exigió algo a cambio: “los trabajadores del país y del pueblo tienen una tarea: defender, sostener al Gobierno”. Esa es la consigna.
El Gobierno va armando así sus huestes en la lucha contra el sistema y contra la Constitución. Habrá más medidas laborales que favorecerán a los sindicatos formales agudizando la injusticia de la informalidad, pero eso no importa, porque habrá conseguido un batallón incondicional de movilizables. A los que quiere sumar a los empleados públicos cuando pretende retirar las demandas de inconstitucionalidad contra la ley que elimina los CAS y la que establece una negociación colectiva en el Estado sin límites fiscales. No importa que el Estado se hunda.
Por supuesto, también se quiere enlistar a los profesores eliminando las pruebas de comprensión lectora y razonamiento lógico para facilitar su nombramiento o contratación sin exigencias. No importa que los alumnos se perjudiquen y que el país pierda su futuro sin una educación de calidad.
A este paso, ya no será necesario esperar la nueva Constitución para destrozar el país. Ocurrirá antes.
Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 18 de setiembre de 2021
