Jaime de Althaus, Periodista y antropologo
El Comercio, 29 de setiembre de 2017
¿Cómo hacer para persuadir al nuevo Gabinete de que su misión no es administrar la coyuntura sino aliarse con el pueblo e ir a los temas de fondo? ¿Qué le impide convertir el ritual de la ronda de conversaciones de la primera ministra con las bancadas en la búsqueda de un acuerdo político en torno a las grandes reformas que nos permitan salir de la trampa de los ingresos medios?
La respuesta de Alberto Vergara es que la “derecha tecnocrática” que nos gobierna desde Toledo no tiene interés en el desarrollo institucional y no se da cuenta de que la causa de las dificultades es la debilidad del Estado y del Estado de derecho y no tiene las agallas para realizar reformas en las esferas institucionales, políticas y sociales por temor a generarle “ruido político a los empresarios”.
Pero lo que inhibe a los políticos de llevar adelante las reformas no es la falta de sensibilidad institucional de la “derecha”, sino el reinado de algunas ideas de izquierda. Veamos: ¿cuál es el indicador más claro y más grave de ausencia de institucionalidad y de Estado? Pues la altísima informalidad, mucho más que proporcional al nivel de desarrollo que tenemos, como lo ha demostrado Gustavo Yamada. Los informales están al margen del sistema de obligaciones de la polis. Y tampoco tienen derechos, particularmente derechos laborales.
La mayor revolución social que podríamos imaginar es la de incorporar al 74% de los peruanos a la institucionalidad con derechos. Esa es la gran brecha social, que es, en esencia, una brecha legal, institucional. Resolverla supone un conjunto de reformas, pero la más importante es la laboral. ¿Quién se opone? No tengo que decirlo.
Las respuestas a una reciente encuesta de Ipsos son ilustrativas. Cuando pregunta si, para promover el empleo, estaría de acuerdo con una legislación que proponga facilitar la libre contratación y el despido de trabajadores, el 60% se manifiesta en desacuerdo.
La formulación de la pregunta ya está teñida por el discurso político de izquierda, que proclama que la reforma laboral sería para facilitar el despido de trabajadores. Entonces el 60% está en contra. Pero cuando la misma encuesta pregunta: “Si una empresa decide despedir a un trabajador, ¿cree que la empresa debería…?”, un 13% responde que la empresa debería “darle una indemnización de medio sueldo por año de servicio”, un 36% que debería “darle una indemnización de un sueldo por año de servicio”, un 17% “darle una indemnización de un sueldo y medio por año de servicios”…, y solo un 23% responde: “no debe despedirlo. Si lo despide solo porque no trabaja bien, el Estado debe ordenar su reposición en la misma empresa”.
Es decir, cuando la pregunta es concreta y no usa términos del mito, del discurso político, la respuesta más que se invierte. Ese 23% es incluso algo menor al porcentaje de trabajadores formales en nuestro país. A ver si Vergara nos ayuda a desmontar el mito ideológico para llevar adelante esta gran reforma social.
