Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 24 de Diciembre del 2022
“Una tarea básica para recuperar el rumbo es reformar la formalidad, devolver niveles de libertad económica para incluir a todos y recuperar tasas altas de crecimiento”.
El mejor regalo de Navidad para el Perú ha sido la salida de Castillo del gobierno. Y el mejor deseo para el nuevo año será que el gobierno transitorio de Dina Boluarte llegue a significar un punto de inflexión en el proceso de descomposición nacional. Para ello, sin embargo, el Congreso, el Ejecutivo y la sociedad civil tienen que hacer su tarea y las voluntades tienen que alinearse.
Lo que hasta ahora nos ha salvado de la anarquía de los últimos siete años y del asalto al Estado perpetrado en los últimos 18 meses ha sido la institucionalidad económica instalada desde la Constitución de 1993. El modelo económico resiste aun los destrozos ocasionados por la política y sostiene, en buena cuenta, a la democracia. Pero eso tiene un límite, pues la política viene socavando los propios fundamentos del modelo.
En efecto, de los tres pilares de nuestra institucionalidad económica –libertad económica, respeto a los contratos y estabilidad fiscal o macroeconómica–, solo queda indemne el tercero. Los dos primeros, y sobre todo el primero, están seriamente dañados. En efecto, desde la política se ha ido recortando progresivamente la libertad económica. Sobre todo a partir del gobierno de Humala, se fue incrementando progresivamente la carga regulatoria que deben soportar las empresas, restringiendo cada vez más su capacidad de acción y su rentabilidad. En la práctica, solo las empresas grandes pueden absorber todo el peso regulatorio generado en los últimos lustros.
Esa es la explicación por la que la informalidad no cede e incluso incrementa. La formalidad es excluyente. Y, entonces, una tarea básica para recuperar el rumbo es reformar la formalidad, devolver niveles de libertad económica para incluir a todos y recuperar tasas altas de crecimiento. Hoy solo opera a plenitud el fundamento de la estabilidad fiscal y monetaria, que nos permite seguir creciendo, aunque a una velocidad muy reducida de solo 2%, absolutamente insuficiente para generar los ingresos fiscales que necesitamos para acabar con la otra gran exclusión: la de los servicios sociales de calidad para la mayoría de los peruanos. Lo que, a su vez, exige proponernos implantar la meritocracia a todo nivel, para lo que sería necesario darle estatus constitucional a Servir.
La meritocracia es fundamental para la eficacia redistributiva, para que los ingresos fiscales sirvan al propósito de nivelar la cancha entre los peruanos y no para que sean apropiados por amigos del poder o por mafias patrimonialistas y gremiales que no solo construyen barreras burocráticas para cobrar por saltarlas, lo que agrava también la informalidad, sino que ejercen presión para obtener beneficios y privilegios de parte de bancadas congresales que aprovechan para hacer clientelismo disfrazado de ideología, en perjuicio de los ciudadanos usuarios.
Por eso es importante un Senado que permita controlar o moderar los impulsos populistas y una Cámara de Diputados elegida en distritos electorales pequeños, uni o binominales, de modo que los representantes tengan una relación mucho más cercana con sus representados, lo que los llevaría a desarrollar una agenda más territorial que sectorial o gremial o mercantilista.
Pero para eso necesitamos políticos capaces de percibir el interés nacional, el bien común, y partidos modernos que atraigan a los mejores ciudadanos. Centros de investigación por impuestos en los partidos y que las empresas puedan financiar campañas de manera transparente, o a través de un fideicomiso, ayudarían a darle otro nivel a los partidos. Y, por supuesto, recuperar la reelección para que los buenos puedan hacer carrera política y podamos construir una clase política profesional, al mismo tiempo que impedimos la participación de los sentenciados por delitos graves.
Y para recuperar la cultura del diálogo que hemos perdido, y tan necesaria ahora, no está de más importar los valores del mercado: capacidad de negociar, de llegar a acuerdos y respetarlos. No la destrucción del otro, o la guerra para apoderarme de sus bienes, sino el intercambio voluntario para obtener lo que necesito. Pues la violencia y la intolerancia no son democráticas.
