La caída del precio del petróleo en un 40% y quizá aún mayor en los próximos meses, es una gran noticia para las economías peruana y mundial, por razones obvias. Lo es, de hecho, para la China, que importa petróleo, y por lo tanto lo es por partida doble para el Perú, pues nuestras exportaciones a ese país crecerían al dinamizarse la economía china, y porque también somos importadores de petróleo: bastaría con que el precio interno de los combustibles se reduzca en una proporción cercana a esa, para que el crecimiento del próximo sea mayor al esperado.
Pero es también una gran noticia para la política mundial y particularmente para la democracia. Fue Samuel Huntington (“La tercera ola”, 1991) quien advirtió que los países petroleros tienden a fomentar autocracias populistas porque gracias a las rentas petroleras el Estado tiene mucho poder sin necesidad de cobrar impuestos a los ciudadanos, exonerándose, por lo tanto, del control ciudadano y más bien convirtiendo a los ciudadanos en receptores de donaciones. “Cuanto más bajo sea el nivel de impuestos, menos razón hay para que el pueblo pida representatividad”, es decir, pida democracia para vigilar el uso de los tributos que paga. Es posible que la reducción en los precios del petróleo socave las bases de los regímenes autoritarios de Venezuela, Rusia e Irán, por ejemplo.
El Perú no es completamente ajeno a ese síndrome, por lo menos a nivel subnacional, pues algo similar ha ocurrido en algunos de los gobiernos regionales y locales que han disfrutado de rentas descomunales provenientes del canon minero o gasífero, sin que haya una clase de ciudadanos contribuyentes fiscalizadores. El Caso Áncash es el más notorio, pero también ha ocurrido, con distintas manifestaciones y en diferentes grados, en Cajamarca, Pasco, Cusco, por ejemplo. Y en muchos gobiernos locales. Pequeñas satrapías en las que se organiza un aparato de redistribución clientelista y de pequeñas obras que es al mismo tiempo un mecanismo para el robo generalizado.
La promesa electoral del presidente electo de Áncash, Waldo Ríos, de repartir 500 soles mensuales a las familias de la región, es la metáfora perfecta de este tipo de gobierno, basado no en contribuyentes sino en clientes receptores, formador no de ciudadanos sino de mendigos. Gobiernos subnacionales con recursos y sin contribuyentes son la presa ideal para los asaltantes del botín presupuestal. Por eso por lo menos ocho de los presidentes electos han sido sentenciados o investigados por corrupción, y algunos otros están vinculados al narcotráfico.
Ese es la falla central que debe resolver la reforma de la descentralización. Porque el problema ya no es la ideología antiminera o antiinversión. Solo un gobierno regional, el de Cajamarca, sigue en manos del radicalismo. En el resto del país y en particular en el sur, perdieron los antisistema y ganaron candidatos favorables a la inversión privada. El problema sigue siendo la desintegración política en manos de las redes ilícitas, donde la única noticia positiva fue el avance de dos partidos, Fuerza Popular y APP, que lograron cinco regiones en total.
