Jaime de Althaus
El Comercio, 12 de abril del 2025
“La propaganda no puede cambiar la realidad. ¿Con qué argumentos se va a convencer a los transportistas –y al país– de que se está trabajando en serio?”.
La interpelación a un ministro es un procedimiento muy rígido y poco útil. El ministro lee respuestas que le son preparadas sin que haya repreguntas, y los congresistas ni asisten. Mucho más sentido y realidad tiene la “estación de preguntas”, donde los congresistas preguntan en vivo, el ministro responde y hay repreguntas. Allí no se puede escabullir tan fácilmente los temas. Quizás por eso no se usa esa institución. Nadie está interesado en la verdad, en llegar al fondo del asunto, o en buscar soluciones.
Se ha demostrado que las denuncias por extorsión aumentan, pero el número de presos en las cárceles por extorsión disminuye. No están capturando a los extorsionadores o los liberan. En el pliego interpelatorio al primer ministro Adrianzén no hubo una pregunta acerca de qué se está haciendo para establecer estructuras de coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para definir políticas comunes en la lucha contra la criminalidad y, en lo operativo inmediato, para definir protocolos de coordinación, o intervenir celulares extorsionadores y cuentas donde se deposita los cupos de manera inmediata.
Debería aprovecharse la movilización de transportistas para construir una alianza muy cercana con ellos y otros gremios afectados, para que las extorsiones efectivamente se denuncien. Pero apenas conocido el celular del que viene la extorsión, la policía necesita tecnología para geolocalizarlo primero y abrirlo luego para conocer la información que contiene y detener a los autores. Tiene en parte ya esa tecnología, pero requiere autorización del juez para proceder, y si este se demora días o semanas, como ocurre, se pierde la oportunidad. Lo mismo con la cuenta bancaria. Entonces tiene que haber equipos de policías, fiscales y jueces trabajando juntos de manera permanente para dar respuesta inmediata. El esquema de las unidades de flagrancia no es exactamente para eso, pero se puede adaptar a esta necesidad. El Congreso tiene que aprobar la ley del sistema de flagrancia.
Pero paralelamente tiene que haber –como señala José Luis Gil– un equipo de inteligencia pura –no operativa– en el campo buscando, ubicando y persiguiendo a los criminales sin descanso, para que puedan ser detenidos y procesados. En los equipos que se han creado los policías tienen que dedicarse a la inteligencia pero también a la detención y a todas las diligencias de investigación. Los delincuentes no sienten el acoso policial.
La política de lucha contra la criminalidad suscrita por varios partidos plantea un comando unificado que incluya a las autoridades directamente responsables y que la fiscalía y el Poder Judicial designen un equipo de jueces y fiscales comprometidos. El Cuarto de Guerra recientemente creado podría ser un avance en ese sentido si sirviera para evaluar y mejorar estrategias y coordinar con los otros poderes, y no para dar información diaria falaz sobre gran número de detenidos ocultando que de ellos apenas algo más del 1% lo son por extorsión, sicariato u homicidio.
La propaganda no puede cambiar la realidad. ¿Con qué argumentos se va a convencer a los transportistas –y al país– de que se está trabajando en serio? Reconstruir la veracidad es lo primero.
