El país tiene una desventaja frente a los antimineros, que hacen activismo en las comunidades, se mueven, hablan, usan las radios, difunden mitos fáciles de creer. Del lado del interés nacional y local en que los proyectos salgan adelante nadie se mueve, no hay un activismo comparable. Ni siquiera avisos explicativos en las radios. En la cancha los antimineros corren solos. Pintan al monstruo contaminador y expoliador para facilitar la movilización violenta y castigar y silenciar a quienes osen oponerse, como hemos visto en Celendín, Bambamarca y ahora en Cañaris. Los diarios regionales y limeños entrevistan solo al líder antiminero, pero no a los dirigentes que sí quieren la mina.
Están organizados, articulados. En Cañaris se repite la misma estructura de Cajamarca: Wilfredo Saavedra (ex MRTA), Marco Arana (TyL) y Gregorio Santos (PR) tienen ahí sus clones y desarrollan las mismas tácticas. Hasta traen rondas de Cajamarca. La organización no es solo regional y nacional (Tacna, Espinar, etc.), sino internacional. El movimiento antiminero viene de fuera y recibe financiamiento de fundaciones del norte rico. La ONG Grufides de Arana es un canal para ello, y es la que construye el discurso, la narrativa, la que crea el monstruo.
Pero cuentan con la adhesión de políticos y dirigentes locales ávidos de obtener dividendos económicos o políticos. La mina es una fuente de posibilidades: de ella se pueden obtener ingresos económicos por diversos medios, o réditos políticos oponiéndole resistencia, o, en el mejor y más sano de los casos, negociando más beneficios. La negociación táctica es entendible. La oposición ciega y absoluta, insana.
El problema es que a las oportunidades para el emprendedurismo político –bandolerismo– que brinda la mayor presencia minera, se suman las que ofrece una descentralización política que ha regado recursos convirtiendo a los gobiernos locales (y regionales) en verdaderos botines presupuestales codiciados por estos actores. Si hay un proyecto minero, nada mejor que liderar una revuelta contra él para conseguir votos para la siguiente elección municipal. Así, antiminería y descentralización se potencian mutuamente. Y si no hay partidos y los dirigentes andan por la libre o solo existen Patria Roja, Puka Llaqta, Movadef o MRTA, el resultado es la anarquía o la tierra de nadie, o del narcotráfico.
¿Y el Gobierno? A veces parece vergonzante frente a la minería. Forma mesas de trabajo, como en Cañaris, en las que no invita a la empresa minera ni propone un plan integral de desarrollo del cual la inversión minera forme parte. Al final –como se ha quejado el presidente regional de Áncash– los dirigentes rebeldes terminan premiados con un presupuesto mucho mayor para obras en la zona, pero siguen rechazando la inversión minera. Si ampliáramos este procedimiento en el ámbito nacional, sería la implosión del desarrollo.
El propio presidente Humala no está convencido del papel de la minería. Hace falta un liderazgo activo en las zonas mismas, con equipos promotores que lleven una propuesta integral de desarrollo palanqueada por la minería. La tarea es política, no burocrática. Porque la antiminería es política. Tenemos que responder igual.
