Por Jaime de Althaus
(El Comercio, 17 de Abril de 2015)
Se ha institucionalizado la idea de que un dirigente social tiene patente de corso para cometer ciertos delitos, que se justifican como “formas de lucha”, con tal de sacar adelante la causa del “pueblo”. Es una idea que viene de la vieja moral revolucionaria marxista, según la cual todo vale con tal de alcanzar el poder. Ese fue el plan vital de Sendero Luminoso, por ejemplo.
El presidente de la junta de usuarios del Valle del Tambo, Jesús Cornejo, el mismo que declaró que no querían diálogo alguno sino solo que se vaya la mina y punto, fue detenido el miércoles cuando intentaba bloquear la carretera Panamericana. Inmediatamente dirigentes de Tierra y Libertad de Arana, al que pertenece Cornejo, y de la CNDDHH, salieron a pedir su libertad con el argumento de que se trata de un líder social que está conduciendo una protesta legítima.
El bloqueo de una carretera es un delito grave, y Cornejo no solo intentó cortar la Panamericana, sino que ha liderado el bloqueo de la carretera a Mollendo, que aún se mantiene, y probablemente dirigió el sabotaje a la bocatoma del canal de riego de Punta de Bombón y otras acciones de intimidación y amenaza para imponer una pequeña dictadura territorial. En la zona es conocido como un matón que, por ejemplo, hace unos meses agarró a correazos a una dirigente en una radio.
Pero no solo sus camaradas condenan su detención, sino también algunos analistas favorables a la inversión minera responsable, que piensan que es un error táctico, porque eso lo convierte en héroe y enardece a la población. Esto no necesariamente es cierto. Pero si lo fuera, ¿se puede dejar de aplicar la ley por consideraciones tácticas?
La respuesta es no. De hacerlo, estaríamos aplicando la misma moral revolucionaria, pero al revés: qué importa permitir la violación de la ley, la impunidad, con tal de no agrandar la protesta. Y eso no es posible en un estado de derecho, en una democracia. La aplicación de la ley es, a la larga, pedagógica. Es la garantía de tener un país civilizado en el largo plazo. Es la manera de ganar la guerra aunque se pierda una batalla.
Batalla que, por lo demás, tampoco debería perderse si el Estado y fuerzas sanas de la sociedad desarrollaran una estrategia informativa y política eficaz que rompa el exitoso monopolio manipulador de los radicales, que explique por qué no va a haber impacto negativo en la agricultura del valle, sino todo lo contrario, y movilice a las mayorías silenciosas paralizadas por el desinterés o el temor sin que corran el riesgo de sufrir represalias. Insistiendo, por supuesto, en el diálogo hasta el final, siempre y cuando la medida de fuerza se levante, por supuesto.
Pero aquí es donde aparece nuestra precariedad política: no hay partidos capaces de movilizar a los partidarios de la inversión ni canales de comunicación abiertos con los extremistas, que en parte por eso lo son, mientras el Congreso evade las reformas políticas sustanciales que ayuden a reconstruir un sistema de partidos. A ver si hacemos algo.
