Por Jaime de Althaus
(El Comercio, 15 de Mayo de 2015)
El Perú empieza a ser visto como un Estado fallido en el tema minero. El “Financial Times” titulaba anteayer “Perú enfrenta estancamiento en medio de disturbios mineros”, agregando que “cerca de US$25.000 millones en inversiones mineras en Perú se han estancado debido a los violentos disturbios y al aumento de los costos…”.
Si un proyecto limpio como Tía María, que no va a afectar la agricultura y más bien va a provocar desarrollo, es rechazado, es porque muchas cosas andan mal. La Southern, que luego de un historial negativo reincidió al manejar despectivamente su relación con el Valle de Tambo al principio, mejoró notoriamente su relación con el segundo EIA, pero no lo suficiente para explicar bien a la población el proyecto y las tecnologías que usará. Esto es indispensable en cualquier proyecto, para despejar los temores, muy fáciles de alimentar. Sobre estos temores se montaron los antimineros con toda clase de mentiras y luego con una organización paramilitar que instauró un régimen de guerra que silenció a quienes no estaban de acuerdo con ellos y provocó reacciones policiales que pusieron a la población contra el Estado y la mina.
El Estado, por su parte, falló en todos los niveles. No existe un comando unificado policial-fiscal-judicial inteligente capaz de identificar y poner en prisión a los directores y ejecutores de estas estrategias delictivas, con casos judiciales bien sustentados. Tampoco está penalizado asistir a protestas con armas de fuego, huaracas o palos.
El resultado es que el Estado ha perdido el monopolio de la violencia y a los policías no les queda más que inmolarse como blancos ante los ataques impunes de los paramilitares, con el agravante de que luego de quince años de conflictos, la PNP no ha sido capaz de montar una policía antimotines bien entrenada. Envía a la Diroes, preparada para disparar contra terroristas y narcos, a la que se ordena no disparar.
Pero esto es cuando ya es demasiado tarde. Si la mina no fue capaz de socializar bien su proyecto, al Estado tampoco le creen cuando asegura que el estudio de impacto ambiental está bien hecho y no afectará la agricultura. Actúa allí una desconfianza raigal: ¿por qué creer en lo que diga el Ministerio del Ambiente, si por lo general los policías o los jueces o los servicios públicos atienden al que tiene plata y puede pagarles, es decir, si lo que rige no es la ley sino el poder del dinero o de la mafia? El imperio de la ley hay que construirlo en el Perú casi desde cero, regenerando la policía y la administración de justicia. Es la gran tarea.
Pero queda demostrado también que todo proyecto minero debe entrar como parte de un proyecto integral de desarrollo de la zona ejecutado por medio de un proyecto especial, donde la mina sea parte de la solución, no del problema. Es la mina, con la comunidad y el Estado, la que tiene que elaborar ese proyecto, antes incluso que el EIA.
Mientras tanto, seguimos esperando la movilización de los que están a favor del desarrollo y el diálogo. ¿Dónde están? ¿Quién la lidera?
