Por: Jaime de Althaus, Analista político
El Comercio, 4 de junio de 2021
Un gobierno de Pedro Castillo podría ser catastrófico para el Perú, no solo en lo económico sino también en lo político. A la crisis económica se sumará el cantado conflicto político con un Congreso en el que no tendrá mayoría.
Según las proyecciones de Apoyo Consultoría, si ganara el candidato de Perú Libre y aplicara sus planes, la salida de capitales podría ser rápida y llevar el tipo de cambio hasta S/4,50 en diciembre de este año. El deterioro económico sería tal que el PBI del 2026 podría ser 3% menor al del 2019, mientras que con un gobierno de Keiko Fujimori, si aplicara su plan, el PBI sería 17% mayor.
En consecuencia, según esas proyecciones, un gobierno de Castillo podría terminar con 800 mil trabajadores formales menos el 2026, mientras que uno de Keiko Fujimori terminaría con 600 mil más. Más grave aún, las políticas de Castillo generarían un incremento de la pobreza de 1,7 millones de personas.
Entonces no es comprensible la actitud de quienes con el voto en blanco o viciado prefieren el desastre nacional antes que votar por Keiko Fujimori. Más aun considerando que al despeñadero económico se sumará un agudo conflicto político, si es que un eventual gobierno de Castillo quisiera imponer un referéndum para una inconstitucional asamblea constituyente o enviara un proyecto de ley para convocarla. O quisiera modificar el capítulo económico de la Constitución.
Para cualquiera de esas alternativas necesitaría mayoría parlamentaria, y Castillo solo dispone de 42 escaños sumando a Juntos por el Perú. Y en el supuesto negado de que pudiera sumar a todos los de Acción Popular y el Partido Morado a esos propósitos, solo llegaría a 61 votos. Necesitaría 66. Y con 42 votos no podría detener una vacancia presidencial. De modo que lo más probable es que ingresaríamos al peligroso juego terminal de las cuestiones de confianza y la vacancia presidencial.
También podría azuzar movilizaciones populares contra el Congreso, o en respaldo a una convocatoria directa de una asamblea constituyente. Las consecuencias serían imprevisibles. Habría movilizaciones contrarias a esas iniciativas inconstitucionales, con el peligro de que se desate algo cercano a una guerra civil. Si se impusiera, tendríamos probablemente una Constitución reeleccionista y estatizante, camino a Venezuela. Por donde se le mire, el pronóstico de un gobierno suyo es de una aguda turbulencia política, que agravará a su vez el negativo efecto económico de su plan de gobierno.
Por supuesto, un eventual gobierno de Keiko Fujimori no estará exento de problemas. Pero su plan económico generaría inversión, crecimiento y reducción de la pobreza, y en el Congreso tendría una mayoría de 73 congresistas pertenecientes a bancadas que adhieren a la economía social de mercado. Es posible que haya iracundas movilizaciones de las organizaciones derrotadas y quizá una permanente hostilidad latente o manifiesta. Tendrá que responder con gestión personal y directa de los programas sociales en el campo, y con inteligencia. Y la impostergable reforma a fondo del Estado y del sistema de salud engendrará resistencias internas. Un verdadero desafío a su capacidad de convocatoria, de gestión y de manejo político y técnico. Difícil, pero no imposible.
