Por Jaime de Althaus
(El Comercio, 18 de septiembre de 2015)
El proyecto de reforma de la ley de partidos no se llegó a debatir ayer en el Congreso quizá por vergüenza. Pues eleva las barreras al ingreso de nuevos partidos para proteger a los actualmente inscritos, no elimina el voto preferencial ni establece elecciones internas organizadas por la ONPE, viabiliza el financiamiento público pero no eleva el umbral para las aportaciones privadas ni obliga a informar acerca de ellas, no endurece las condiciones para formar movimientos regionales, menos aún reduce el tamaño de los distritos electorales para elegir mejor ni lleva las elecciones congresales junto a la segunda vuelta de las presidenciales.
En otras palabras, está hecho para proteger a los partidos existentes sin fortalecerlos, y no apunta a resolver ninguno de los dos problemas graves que tenemos: la aguda y creciente fragmentación política, y la penetración de dineros ilegales. Más bien, los agrava.
Pero el Perú no puede darse el lujo de esperar cinco años más para empezar a adoptar reformas que lleven paulatinamente a un sistema de pocos partidos institucionalizados y enraizados que le den gobernabilidad al país.
Si los confundidos congresistas, tributarios del sistema perverso que tenemos, no alcanzan a tener la claridad ni menos la decisión de aprobar las reformas necesarias, esa debió y debería ser tarea y responsabilidad de las altas dirigencias partidarias.
Pero aquí llegamos al círculo vicioso: precisamente porque nuestros partidos no son tales, carecen de instancias de discusión de temas fundamentales y más aún de think-tanks que elaboren propuestas. No son capaces de sentarse a analizar, estudiar y discutir un tema como este.
Que yo sepa, solo en el PPC (y en mucha menor medida en el Apra) se ha discutido internamente de manera seria sobre las reformas políticas.
La primera tarea de Fuerza Popular, por ejemplo, debió ser esa, porque si una deuda grande tiene el fujimorismo es con la institucionalidad del país. Fujimori quiso acabar con los partidos, pero ahora Fuerza Popular aspira a ser un partido formal en un sistema democrático de partidos.
Pues bien: ¿qué propone el fujimorismo para construir una democracia eficaz, de calidad, que no necesite concentrar el poder de manera autocrática para gobernar? ¿Qué propone para superar la “democracia delegativa” que encarnó su fundador?
Peruanos por el Kambio, por su parte, ni siquiera es un partido y a su líder, PPK, no le interesa construir una institucionalidad partidaria, sino llegar al poder en la última oportunidad que tiene.
El tema sencillamente está fuera de sus preocupaciones. El Apra, por su larga historia, sí debería tener la capacidad de formular una propuesta de construcción institucional.
Pero si en los partidos no hay capacidad para formular una ley coherente, lo práctico sería un acuerdo entre ellos para adoptar las propuestas de reforma institucional que ha elaborado Transparencia, bajo la dirección de Felipe Ortiz de Zevallos, o formar una comisión con los mejores politólogos (Tanaka, Tuesta, Meléndez, Dargent, Vergara…) y algunos políticos ilustrados para que formulen una propuesta.
Pero vemos que la reforma política no apareció ayer entre los temas mencionados por el primer ministro Pedro Cateriano y Luis Iberico para las conversaciones con los líderes políticos. Desalentador.
