La primera ministra Ana Jara quiere reunirse con líderes de partidos y bancadas antes de su presentación en el Congreso, para tender puentes y proponer un “trabajo mancomunado” en la lucha contra la pobreza. Necesita asegurarse el voto de investidura, que se puede volver esquivo luego de que el “centralismo democrático” de su partido hiciera lo posible para que el gobierno perdiera la mayoría. Esta última circunstancia es tanto más grave cuanto que obliga a la primera ministra a restringir los acuerdos sobre reformas que pueda proponer y a tener que negociar “condiciones” que ya varias bancadas están exigiendo para darle el voto de confianza.
Condiciones, por lo demás, lamentables.
Imaginamos que el trabajo “mancomunado” que propondrá Jara será el necesario para llevar adelante las reformas anunciadas en el mensaje presidencial en torno a la educación, la salud y el servicio civil. Pese a que son reformas algo tímidas, generan resistencias en el statu quo. Lo acabamos de ver en Educación, donde el Sutep ha logrado que apenas acudan 8 mil de los 14 mil directores y subdirectores que debían participar en la evaluación para ser luego capacitados en gestión y nombrados directores firmes, ya con mayores atribuciones. Un asunto como este, que compromete el futuro de nuestros hijos y del país, exige un respaldo político total. Ya suficiente daño se hizo con derogar la reforma magisterial del gobierno anterior para reemplazarla por otra, demorando cinco años el inicio de la meritocracia.
Pero más notorio es lo que está ocurriendo en Salud, donde un pequeño piquete de dirigentes mantiene una huelga que tiene poco acatamiento pero mucho ruido. Es una huelga ilegítima, porque se inició a los 9 meses de que se hubiese cerrado la huelga anterior con unos acuerdos históricos que están en plena ejecución, que suponían una nueva escala salarial más amplia pagando más a todos pero más aun a los médicos de provincias y a los que brindan la atención primaria, algo que siempre se reclamó, y que ha supuesto una erogación de S/.770 millones este año. Una nueva escala salarial, por lo demás, enmarcada en una reforma modernizadora. A lo que se opone la federación es precisamente a la esencia meritocrática de la reforma y a los limitados esquemas de gestión público-privada y de libertad de elección que la reforma plantea; lo que defiende es un statu quo que entroniza el privilegio, la ineficiencia y la desatención a los usuarios.
Lo increíble es que bancadas como las de Solidaridad Nacional y Fuerza Popular (Keiko Fujimori) estarían poniendo como condición para dar el voto de confianza, que la primera ministra resuelva la huelga médica, dándole la espalda a los millones de peruanos que sufren la pésima calidad del servicio. Una vergüenza.
Acción Popular-Frente Amplio, por su parte, pide como condición eliminar el aporte de los independientes al sistema de pensiones, una posición populista y oportunista, pues es claro que si los dependientes pagan, no hay razón para que los independientes no lo hagan.
Debería pedirse la confianza para profundizar las reformas, no para aguarlas aun más.
