Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 11 de noviembre del 2023
“Las modalidades tradicionales [de elecciones internas en los partidos políticos] no garantizan la democracia interna y mantienen el predominio de las cúpulas”.
La Comisión de Constitución ha comenzado la reforma política con un proyecto para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El tema es que esta reforma era complementaria a la que facilitó la inscripción de partidos ya no con un número muy alto de firmas, sino con un número mucho menor, pero no de firmantes, sino que se exigía un número de afiliados o militantes, con la idea de tener partidos reales, no cascarón. En la práctica, esto multiplicó el número de partidos y podemos llegar a tener 40 en la elección del 2026, una locura inmanejable para el elector.
Por eso, las PASO contemplaban que solo pasaban a la siguiente etapa, a la elección general, los partidos que hubiesen obtenido más del 1,5% del padrón en las primarias. Esto limitaba a seis u ocho el número de participantes, o quizá menos en la medida en que las PASO incentivarían las alianzas, precisamente para superar ese 1,5%. Facilitar la entrada (para favorecer la competencia), pero hacer difícil la permanencia: esa era la idea.
El proyecto de la comisión deroga las PASO y plantea las tres clásicas modalidades para elegir candidatos dentro de los partidos: elecciones abiertas (pero no obligatorias), elecciones solo de los afiliados y elecciones por delegados (elegidos por todos los afiliados). Y establece que solo pasan a la siguiente etapa las agrupaciones en las que hayan votado más del 30% de afiliados o electores. Eso ayudará a reducir el número de participantes.
Pero, tal como está, el proyecto desalienta la formación de alianzas. Establece que, en caso de alianzas electorales, se incrementa en un 5% el porcentaje de afiliados para continuar en el proceso electoral. Es decir, tendrían que haber votado en las primarias el 35% del total de afiliados a los partidos de la alianza. Absurdo. Debería ser al revés: en el caso de alianzas, el porcentaje debería ser del 25% o 20%, para incentivar su formación.
En general, la objeción que se hace al proyecto de ley es que las modalidades tradicionales no garantizan la democracia interna y mantienen el predominio de las cúpulas. Del lado de los partidos se responde que con las PASO los partidos pierden el control de a quiénes presentan como candidatos, porque al postular a las primarias de forma individual podrían resultar elegidos como candidatos quienes, por ejemplo, puedan hacer mejor campaña gracias a aportes ilegales. Pero también cabe el caso contrario: si alguien de buena fe quiere participar y no tiene el beneplácito de las cúpulas, postula directamente a las primarias.
Si la democracia necesita partidos fuertes, ya desde Robert Michels se sabe que un exceso de democracia interna conspira contra la eficiencia en la competencia política. Por lo general, para que la organización sea eficiente necesita un liderazgo fuerte. Ian Shapiro sostiene, en “Responsible Parties”, que introducir más democracia en los partidos en la manera de elegir los candidatos los hace más dependientes de intereses particulares en perjuicio del interés amplio de la sociedad, debilita la capacidad de los líderes para plantear plataformas ejecutables y a los partidos como instrumentos de gobierno.
Pero se necesita un equilibrio porque, de otro lado, para que los mejores ingresen a los partidos, deben tener la garantía de que sus derechos internos serán respetados. Para atraer a los buenos y alejar a los mafiosos se requiere además otras reformas: que no puedan postular quienes hayan cometido delitos, distritos uninominales para que los electores sepan mejor a quién eligen, restituir el Senado para recuperar a las élites, reelección para que queden los mejores, ‘think tanks’ partidarios por impuestos para que se acerquen los que tienen propuestas, financiamiento transparente de empresas para fomentar su compromiso con el país. Y necesitamos, además, la bicameralidad y una oficina de estudios económicos en el Congreso para producir mejores leyes y facilitar la gobernabilidad.
