Cecilia Blume aprovechó su amistad con el ex ministro de Agricultura Milton von Hesse para pedirle que apure un permiso de la ANA a la pesquera Exalmar. El informe de IDL Reporteros señala que la funcionaria responsable advirtió que había 15 observaciones que debían ser absueltas, pero luego fue retirada del cargo y al final el permiso se otorgó pero no se sabe si las observaciones fueron levantadas.
Von Hesse sostiene que él nunca ordena que se dé un permiso sino pide que se “resuelva”, sea a favor o en contra, porque lo que ocurre es que los expedientes demoran meses y años sin solución. De hecho, este ya había superado los plazos. En la ANA –agrega– había 18 mil millones de dólares en proyectos embalsados, sin respuesta. Ordenó una reingeniería. Dumler señala que la resolución, publicada en la página web, señala los fundamentos de la aprobación.
El caso es revelador. Muestra que las normas y las obligaciones son tan complicadas y onerosas o la capacidad de procesamiento de la administración pública tan limitada que las empresas simplemente no pueden trabajar. Ante eso, la salida más frecuente, para las pequeñas e incluso medianas empresas, es la informalidad, o la ilegalidad. Las empresas más grandes, en cambio, buscan maneras de acelerar o aprobar sus trámites. Una vía es la amistad, el caso en cuestión. Si por esta vía solo se busca acelerar una decisión que ya ha excedido los plazos, no hay irregularidad. Pero si el objeto es pasar por alto obligaciones, el lobby es ilegal. La otra vía, por supuesto, es el pago, la compra de la resolución. Corrupción pura y dura. A nivel municipal esto funciona incluso para los pequeños.
En cualquiera de los casos tenemos un sistema regulatorio y administrativo opresivo, que es el verdadero causante de la corrupción y de la desaceleración que estamos sufriendo. Cuando crecíamos a tasas altas los políticos y burócratas aprovecharon para imponer cada vez más cargas y obligaciones a las distintas actividades. Hasta matarlas o enriquecer a funcionarios.
Surgen entonces dos corrientes aparentemente contradictorias: un clamor para reducir drásticamente el peso regulatorio e impositivo del Estado, y acusaciones de lobby cuando se intenta penetrar esa selva regulatoria o cuando se consulta con el sector privado para saber qué obligaciones son realistas y necesarias, y cuáles no, que es la única manera de simplificar y aligerar. Es la tragedia del ministro Mayorga, que debe liberar decenas de proyectos petroleros y mineros paralizados pero cualquier desregulación que disponga será sospechosa de lobby. O la patológica confesión del MEF, que no puede revelar qué proyectos ha destrabado porque puede ser denunciado por favorecer intereses particulares.
El lobby es legítimo si es transparente. Un programa radical de desregulación y simplificación en todo el Estado se tiene que hacer con el sector privado, de manera institucionalizada, por la misma razón por la que cualquier nueva norma debe ser prepublicada y consultada a todos los interesados y pasar por una oficina central de análisis de impacto regulatorio. Amén.
