Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 16 de setiembre de 2016
El caso de Yeni Vilcatoma es muy ilustrativo de cómo un buen gancho para la campaña electoral puede convertirse en un problema a la hora del trabajo parlamentario.
Ya había amenazado con renunciar a la bancada si Osías Ramírez no retiraba su proyecto sobre el mismo tema, uno que solo le daba carácter autónomo a la procuraduría anticorrupción, no al resto, es decir, no a la procuraduría antidrogas, por ejemplo; idea que no era mala salvo por el hecho de que fuera presentada por una persona investigada, junto con su hermano Joaquín, precisamente por lavado de activos. Aquí, entonces, Yeni Vilcatoma tenía razón en hacer cuestión de Estado. Pero su reacción ante la intervención de Úrsula Letona ya pareció fuera de toda proporción, y su conducta en la Comisión de Fiscalización, dicen, es la de un celo notorio por el control de todas las investigaciones y una intolerancia frente a interpretaciones distintas a la suya.
Lo que habría aquí es una mezcla de hipersensibilidad con dificultades para admitir el debate que sirva para enfocar mejor los temas.
Porque no todo es tan sencillo. Darle autonomía política absoluta a la procuraduría merece una discusión más profunda. De un lado, es difícil ver cómo la defensa jurídica del Estado deba ser totalmente autónoma del propio Estado, el abogado de su cliente. Se entiende, sí, en lo relacionado a anticorrupción, ¿pero en el resto? De otro, una procuraduría general con autonomía constitucional sería un nuevo poder del Estado, difícil de intervenir en el caso de que ella misma se vuelva corrupta, y, además, dotada de una capacidad de acusar y demandar acaso similar a la de la fiscalía. Un poder que podría eventualmente desproteger a ciudadanos demandados. Hay que analizar bien todas las implicancias posibles para encontrar el mejor balance entre autonomía y derechos individuales.
Discusión que, por lo demás, distrae de lo fundamental: reformar, modernizar y limpiar el Poder Judicial y el Ministerio Público, y cambiar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa, junto con la profesionalización, digitalización y desregulación del Estado, es la mejor manera de luchar contra la corrupción.
Y es aquí, en la definición de lo fundamental, donde estamos fallando. La bancada mayoritaria no parece haber precisado cuáles son los grandes problemas nacionales que hay que afrontar de modo de identificar qué reformas y leyes deben darse para resolverlos. Menos aun ha coordinado esto con el Ejecutivo.
Los congresistas de Fuerza Popular han presentado en cinco semanas 113 proyectos de ley, la mayor parte para crear distritos y declarar de interés nacional determinados programas, proyectos o actividades. Y el resto de bancadas, con solo el 44% de los escaños, han presentado ¡148!, proporcionalmente más. Es el festival de proyectos sin ninguna dirección y con gran desperdicio de esfuerzos y energía.
El país necesita reformas profundas. Es ahora o nunca.
