El gobierno ha decidido pasar a una segunda fase en el diálogo con las fuerzas políticas. Publicó ayer un aviso proponiendo ‘consensuar’ una agenda en tres grandes temas: compromiso a favor del crecimiento, agenda social y lucha contra la pobreza, y lucha contra el crimen y la corrupción.
La iniciativa es correcta, pero para que el esfuerzo sea genuino y conduzca a algo útil y productivo para el país no puede limitarse a temas sobre los que existe obvio acuerdo, y que por lo tanto no necesitan pedir un respaldo político explícito.
Uno de los puntos dentro del primer gran tema, por ejemplo, es “priorizar los grandes proyectos nacionales, apoyando al gobierno para su rápida ejecución”. No está de más, por supuesto, el apoyo de los partidos para acelerar la ejecución de la carretera longitudinal de la sierra, o la doble pista de la Panamericana, o la concesión de los puertos de Pisco y Salaverry, pero la verdad es que eso está casi enteramente en manos del gobierno, depende de su capacidad ejecutiva.
Lo que sí requiere respaldo político y colaboración en el terreno es sacar adelante los grandes proyectos mineros paralizados como Conga, Tía María, la concentradora de Toquepala, Cañariaco y otros. Como bien explicó Abram Lino de McKinsey, el 40% de la cartera de proyectos mineros está retrasada o paralizada, y eso compromete el crecimiento del país que deja de crecer un punto y medio por año y deja de crear un millón de empleos directos e indirectos a consecuencia del estancamiento de la inversión minera. No solo eso. Deja de generar desarrollo industrial y de servicios pues, como bien explicó Luis Carranza y demostró un estudio del IPE, la vía más rápida a la industrialización del país es el desarrollo minero por la cantidad de eslabonamientos hacia atrás que supone.
Por eso, el acuerdo que se busca, por ejemplo, en favor de “la industrialización”, puede centrarse en una mesa de desarrollo que junte a la minería, la industria y el gobierno para ver qué articulaciones adicionales y crecientes se pueden desarrollar y qué tendría que hacer el Estado para facilitarlas. Así diversificaron su economía y se convirtieron en desarrollados Noruega, Australia, Canadá y otros países que siguen exportando mucho más minerales o petróleo que nosotros.
El Perú no puede darse el lujo de desaprovechar los ingentes recursos mineros que posee. La minería puede ser la gran palanca, la gran oportunidad del país. Pero para eso requiere, sí, un acuerdo nacional en torno no a la inversión minera a secas o a los proyectos paralizados solamente, sino en torno a una minería modelo, social y ambientalmente integrada, capaz de relacionarse creativamente con las comunidades y la región para provocar su desarrollo productivo y sostenible.
Ese es el gran acuerdo nacional que necesitamos. Casi todo lo demás vendrá por añadidura, salvo tareas como la eliminación de la corrupción en la policía, que entraña decisiones que también requieren un acuerdo político, y la flexibilización de la legislación laboral, para que los excluidos tengan derechos mínimos. En eso hay que concentrarse.
Publicado por el Comercio, 20 de setiembre del 2013
