Iván Arenas
Perú21, 19 de diciembre del 2025
Rosa Vásquez, gobernadora regional de Lima, semanas atrás ha sido condenada a casi 10 años de prisión por peculado, además del pago de una reparación civil de S/100,000″.
Rosa Vásquez, gobernadora regional de Lima, que se hace apodar ‘La Cholita’, semanas atrás ha sido condenada a casi 10 años de prisión por peculado, además del pago de una reparación civil de S/100,000. Es altamente probable que se ratifique dicha sentencia en segunda instancia. Asimismo, 17 de los 25 gobernadores están investigados por posibles delitos de corrupción. Hay tres exgobernadores sentenciados por corrupción. Los números anteriores evidencian no solo la desorganización, sino el desastre regional.
El Perú es un país desorganizado. En esa desorganización participan los gobiernos regionales y municipales. Hay una desorganización territorial, institucional, social y política. Se salva la economía gracias a la mano firme de Julio Velarde, cuya influencia en la economía es trascendental. Nada pasa en la economía nacional sin la atenta mirada del BCR. Aunque, valgan verdades, las economías ilegales giran indetenibles.
Hay un país informalmente federado. Entonces, ya se puede decir que el Perú es una república federada informal que contradice el centralismo democrático de la dura izquierda tradicional y del liberalismo clásico. Lo curioso es que esa federación informal amenaza, a la larga, la unidad de la nación política, pero eso es harina de otro costal, tema del cual hablaremos luego.
Desde el principio, el relato descentralizador fue contrabandeado por la república de la transición y el toledismo, que llevó adelante la regionalización más por tactismo político que por un proyecto de modernización. En más de dos décadas, la descentralización solo ha contribuido al desmadre institucional, no ha logrado consolidar una burocracia eficiente, y los movimientos políticos regionales han decapitado los incentivos hacia los partidos nacionales, que tampoco se han puesto en forma para atender las nuevas demandas y necesidades. Observen este otro número: hay 56 obras paralizadas en manos de los gobiernos regionales, cuyo monto es de alrededor de S/1,700 millones.
Probablemente, hay una fecha en la que, en lugar de mejorar, el proyecto descentralizador se trajo abajo una mejor arquitectura institucional. Esa fecha fue el 30 de octubre de 2005. Poco se recuerda que aquel día hubo una consulta ciudadana que fulminó la integración de las regiones en mancomunidades basadas en relaciones de clave económica y geográfica.
De hecho, también todo el rompecabezas alrededor de la minería informal e ilegal no hubiese sido posible sin la anuencia y protección de los gobiernos regionales, que hasta diciembre de 2024 tenían las competencias de la formalización de la pequeña y minería artesanal. Aún hoy, las regiones deben fiscalizar a las plantas de procesamiento minero, sector al que algunos culpan de financiar la minería ilegal.
En las próximas elecciones el desastre de la regionalización debe ser atendido.
