Iván Arenas
Perú21, 16 de agosto del 2024
«En las próximas semanas y meses, el ataque a la agroexportación se hará con mayor insistencia. Desde ahora se abona el terreno para sendas campañas informativas y para posicionar relatos potentes contra el sector».
Como contra la minería moderna, se empiezan a desarrollar y a extender mitos oscurantistas contra la agroexportación. En días pasados, Antauro Humala volvió a decir que “la tierra es para quien la trabaja”. Meses atrás dijo que “las concesiones mineras (en referencia a la minería moderna) son para quien las explota”.
Estos mitos oscurantistas (hay mitos luminosos, como el de la caverna de Platón) no se construyen de forma gratuita. Hay quien los paga y hay quien los ejecuta. Nuevamente, al igual que contra la minería moderna, el dinero contra la agroexportación viene desde fondos extranjeros, y aquí en el Perú algunas organizaciones no gubernamentales se encargan de difundirlo. Antauro Humala solo aprovecha las circunstancias para potenciar políticamente estos mitos oscurantistas, sea contra la minería moderna o la agroexportación.
Así, entre otros, algunos sindicatos de trabajadores franceses o de otros países europeos financian la ejecución de campañas de información y comunicación, talleres de “empoderamientos”, campañas de “sensibilización” y de “género” cuyo fin no es sino ponerle todas las zancadillas posibles a la agroexportación peruana que les compite de manera leal. Los sindicatos franceses hacen lo suyo, que no es sino defender sus intereses apelando a todo tipo de estrategias, y las organizaciones no gubernamentales peruanas —que captan esos enormes presupuestos— defienden sus beneficios a costa de cualquiera cosa.
Hace días atrás, en Ica, se presentó un informe sobre “justicia hídrica” en el que —otra vez— se intenta culpar a las empresas agroexportadoras formales de la “sobreexplotación” de los acuíferos de Ica y Villacurí. No obstante, ni una palabra contra los pozos ilegales ni para exigir programas de inversión para la ejecución de proyectos hídricos que aseguren el agua para la población y para el agro formal, que —dicho sea— es responsabilidad absoluta del Estado. Un dato: solo el año pasado se han perdido en el mar más de 140 millones de metros cúbicos de agua. Otro dato: los mismos que hoy insisten en el sintagma de la “justicia hídrica” habían “proyectado” que Ica se quedaba sin agua en 2017.
Así, en las próximas semanas y meses, el ataque a la agroexportación se hará con mayor insistencia. Desde ahora se abona el terreno para sendas campañas informativas y para posicionar relatos potentes contra el sector.
Se acusará de latifundismo; sin embargo, para el año 2022, el 23% de las unidades agropecuarias explotadas eran menores de 0.5 hectáreas en comparación al casi 11% que corresponde a unidades mayores a 10 hectáreas. A ello añadir que en el Perú, como en Israel o Chile, se han convertido tierras desérticas en campos fértiles con inversión y certidumbre. Se acusará del regreso a los años de los “barones del azúcar”, pero se soslaya que ahora son empresas modernas y muchas de ellas con accionariado difundido.
