Ismael Benavides
Expreso, 21 de noviembre del 2025
La carga regulatoria y los interminables trámites se han multiplicado en los últimos 25 años, mucho más rápido que el crecimiento de la economía, asfixiando cada vez más la creatividad empresarial y reduciendo la eficiencia de las empresas. En el Perú, ser emprendedor es un acto casi heroico. Abrir, operar o expandir un negocio implica navegar un laberinto de licencias, permisos municipales y procedimientos a todo nivel que en muchos casos se superponen sin coordinación. Toda esta carga regulatoria no solo encarece la operación de las empresas, sino que desalienta la inversión, aumenta los precios a los consumidores y limita la formalización.
La paradoja en el Perú es clarísima, a más tramites más se impulsa la informalidad qué es de la más alta en la región. El impacto en la economía es enorme, según el Banco Mundial se pierde por la sobrerregulación entre 1 y 3% del crecimiento potencial del país, y al llevar a gente a la informalidad los ancla a la pobreza y a la falta de acceso a los servicios básicos.
A nivel de las empresas los costos son muy altos. Una empresa promedio peruana puede dedicar semanas enteras a obtener una licencia de funcionamiento o permiso de defensa civil para una actividad generalmente de bajo riesgo. La contratación de consultores para la adecuación a los trámites, los cambios físicos que piden en los locales los inspectores generan costos impagables para una pequeña empresa y las demoras pueden matar las iniciativas. Todo esto se traduce en menor productividad, menor inversión privada, especialmente en las regiones, y pérdida de competitividad internacional. Después de haber estado en el puesto 35 en el ranking de 190 economías en el “Doing Business” del Banco Mundial en el 2010, el Perú pasó al puesto 76 en el 2021, y en el nuevo ranking, Business Ready, Perú está en el 23 de 50 países. La minería, actividad crítica para el país ha pasado del puesto 11 en el año 2000 en el ranking del Fraser Institute de minería, al puesto 40 en el 2024, básicamente por la sobre regulación. De pasó ha creado una criatura maldita que es la minería ilegal.
Detrás de la sobre regulación hay varios factores aparte de la desconfianza intrínsica de los peruanos. El más importante es la ideología de la izquierda y los caviares que tomaron el estado en los últimos 25 años y desataron la fiebre regulatoria. Al creer la izquierda que el Estado es el fin supremo, y ellos tienen la superioridad moral, conciben el rol del estado como un regulador y fiscalizador permanente de la actividad privada, pues según su pensamiento, la empresa privada y el esfuerzo individual son intrínsicamente malos y egoístas, y deben de ser regulados, y prefieren asignar a un burócrata o un ignorante sentado en el Congreso, la toma de decisiones que leer las señales del mercado. Cada cambio de gobierno, con excepción de Garcia II ha traído más regulación y más control sobre la actividad privada, y aprovechan cada crisis o escándalo empresarial para incorporar un nuevo reglamento y una nueva exigencia de permisos. Adicionalmente la regionalización ha empoderado a regiones y municipios y la fragmentación institucional ha llevado a que cada entidad, congreso, gobierno central, regiones, y municipios legislen a su manera produciendo un entramado normativo asfixiante y difícil de navegar incluso para los expertos. Subproducto de todo esto es la corrupción que encuentra el caldo de cultivo en la discrecionalidad de los funcionarios y en la complejidad de los trámites.
Son infinitos los casos que ilustran la sobrerregulación, licencias municipales y de defensa civil, la titulación rural, trámites ambientales, culturales y trámites sectoriales de todo tipo para cada actividad. También los requisitos de entes especializados como Senasa, Digesa, Ana, Sunedu, Sutran, entre otros, los reguladores y decenas de otras entidades del Estado donde las empresas y personas se encuentran con diferencias normativas, superpuestas, generalmente inentendibles para el común de los mortales.
Varios gobiernos han hecho anuncios grandilocuentes sobre “shocks desregulatorios” y otras iniciativas en ese sentido, pero con poco éxito, porque la burocracia se resiste al cambio y es precoz para crear nuevos trámites. El mejor enfoque lo ha tenido Milei en Argentina creando un ministerio de la desregulación a cargo de un especialista cómo Federico Sturzenegger con amplios poderes, transversales a los ministerios. La reforma regulatoria es uno de los pilares para que el Perú retome su crecimiento.
Esto pasa por diversas medidas urgentes, como una revisión integral del marco regulatorio, la digitalización de todos los trámites posibles, instituir un análisis de impacto regulatorio antes de aprobar nuevas normas, estandarización de procesos a nivel municipal y regional y ser muy exigentes en el cumplimiento del silencio administrativo positivo. La fiscalización solo debe ser basada en riesgos y no en base a criterios personales de los funcionarios. Solo así volverá a crecer el Perú y florecerá el espíritu empresarial de los peruanos.
