Por: Guillermo Shinno
Perú21, 23 de Enero del 2023
“La realidad es que la política entra a tallar y, en el mejor de los casos, las obras se hacen para obtener votos en las próximas elecciones”.
El reclamo durante las protestas, más allá de los actores políticos involucrados, tiene una estrecha relación con la ausencia de desarrollo en las provincias y pueblos alejados de la capital. Este justo reclamo es una constante en el sector minero, acostumbrado a que se le atribuya la responsabilidad de la falta de infraestructura y servicios básicos en las localidades vecinas a los proyectos extractivos.
Urge una explicación porque nos puede dar luces de lo que viene fallando en el Estado para resolver los principales problemas de la población. Tomemos el caso de la región sur, epicentro de las movilizaciones actuales. Según el Minem, los gobiernos regionales y locales de esta Macrorregión recibieron más de S/5,110 millones entre enero y diciembre de 2022. Esta cifra comprende el tan ansiado canon minero, regalías mineras legales y contractuales y el derecho de vigencia y penalidad: impuestos que paga la minería en el Perú y que son de los más altos de Latinoamérica.
El dinero procedente del canon va directamente a los gobiernos subnacionales y debe destinarse a la ejecución de obras públicas en beneficio de la población. En teoría, de aquí deberían construirse carreteras a los sectores más alejados, erigirse centros de salud y mejorar las escuelas. La realidad es que la política entra a tallar y, en el mejor de los casos, las obras se hacen para obtener votos en las próximas elecciones. Por ende, no llegan a las zonas más vulnerables. Entonces, para algunos pobladores, la compañía minera tiene la culpa.
Ahora analicemos el rol del Ejecutivo. Por ejemplo, en la provincia de Parinacochas en Ayacucho, se ha decretado emergencia por déficit hídrico, pero no existe ninguna acción concreta. Hace más de 30 años que se habla de la construcción de la represa de Ancascocha, de la cual no hay noticias. La situación es similar con otros proyectos y el gobierno regional señala como principal responsable al gobierno central. Pero algunos dirigentes vuelven a culpar a la empresa minera cuando, claramente, es la administración pública en todos sus niveles la que no invierte los recursos.
Los conflictos sociales no solo ocasionarán pérdidas en las arcas del Estado. También van a empeorar la visión que tienen los inversores extranjeros sobre el Perú, la cual ya estaba bastante debilitada.
Si bien la solución pasa por el diálogo, es imperativo que todos los peruanos conozcan cómo funciona el aparato estatal, el cual debe ejecutar sus presupuestos pensando en el bienestar social y no en el rédito político.
