Guillermo Cabieses, Profesor de Economía y Derecho
El Comercio, 13 de octubre de 2016
Cuando usted contrata a un corredor de inmuebles, lo hace para tratar de vender su casa al mayor precio posible. Para ello, digamos, le ofrece una comisión de 3% sobre el precio de venta. El corredor, por su parte, quiere ganar la comisión lo más rápido posible. Para él, vender la casa hoy a S/100.000 y ganar una comisión de S/3.000, es mejor que lograr un precio de S/110.000 y obtener S/3.300 de comisión, pero demorándose un mes más negociando la venta, en lugar de usar esos días para ofrecer otras viviendas.
Algo similar ocurre con los pagos a los ejecutivos de una empresa. ¿Cómo logran los accionistas asociar sus salarios a los resultados de la compañía? ¿Cómo premiar el trabajo y no la suerte? ¿Cómo evitar que se privilegien los resultados de corto plazo (y los bonos resultantes) sobre la estabilidad de la compañía en el largo plazo?
En ambos casos, tanto el dueño de la casa como el accionista suelen tener poca información sobre la actuación de las personas que han contratado, el corredor o el ejecutivo.
A eso se le denomina el “problema del agente-principal” y es uno de los temas por el que los profesores Oliver Hart y Bengt Holmström han recibido el Premio Nobel de Economía. El principal quiere conseguir que el agente haga algo para él (vender la casa al mayor precio posible, conseguir la mayor utilidad posible de la compañía sin sacrificar su estabilidad en el largo plazo). El agente quiere ganar lo más posible con el menor esfuerzo (vender la casa rápido, hacer utilidades cortoplacistas para ganar un bono más grande).
¿Cómo alineamos los intereses de las partes? Mediante el diseño de un buen contrato. Pensemos en el caso del corredor. Las partes podrían acordar que la retribución del corredor se incremente porcentualmente conforme se vaya alcanzado un mejor precio. Así ambos tienen el mismo incentivo, alcanzar el precio más alto. En el caso del ejecutivo, los accionistas podrían pactar con él que una parte de su salario sea un bono que obedezca a los resultados del año, pero otra que refleje los resultados de los próximos años –un bono en acciones, por ejemplo–. Esto haría que el ejecutivo se preocupe por los resultados del ejercicio actual, pero no a costa de sacrificar los de los siguientes años.
Los trabajos de Holmström han sido particularmente importantes para ofrecer soluciones al problema del agente-principal que se presenta en casos como estos.
El otro premiado, Oliver Hart, ha estudiado, entre otros, el problema de privatizar las cárceles. Sostiene que las empresas privadas tienen más incentivos para reducir los costos a fin de conseguir mayores utilidades, afectando así el bienestar de los presos. Las cárceles públicas tienen otros problemas, ninguna entidad estatal tiene incentivos para ser eficiente y reducir sus costos, más bien los tienen para la corrupción. La identificación de esos incentivos es clave para decidir privatizar y, al hacerlo, diseñar un contrato que incluya los incentivos correctos.
Esta lógica de incentivos es el corazón del razonamiento económico y la base para el diseño de toda relación contractual. El Premio Nobel de este año nos recuerda que la economía y el derecho están ligados y que no es posible la correcta comprensión de uno sin el otro.
