Libertad para educarse

La controversial propuesta de ley universitaria es una iniciativa que, a pesar de ser bien intencionada, si no incorpora modificaciones estructurales atentará directamente contra dos libertades fundamentales. La primera es el derecho de toda familia de elegir una carrera universitaria para sus hijos, pues propone que sea una superintendencia la que decida por ella, cerrando el ingreso a carreras con “muchos egresados”, y promoviendo otras consideradas de “gran futuro”. La segunda es el principio de la libre empresa en instituciones educativas.

El gran peligro de esta propuesta parte de dos premisas que se ha demostrado son falsas: los jóvenes o padres de familia no pueden decidir por sí mismos y regular la oferta de carreras es la forma de mejorar la calidad educativa del sistema.

Es en este punto –en el que se unen los dilemas de calidad y de inversión– donde la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República no es capaz de desprenderse de sufijación en el corto plazo, traducida en la actual moratoria para crear universidades y la creación de una superintendencia o un viceministerio de educación superior. Tanta insistencia nos induce a pensar que se quiere crear una ilusión óptica que oculte la gran crisis de la universidad pública, que no puede incrementar la oferta de vacantes en los últimos diez años.

Si los recursos y la capacidad de gestión escasean, lo que nuestro país necesita es promover más inversión seria, como la realizada por el grupo Hochschild en UTECH o la de Intergroup en UTP. Resulta inconcebible desalentar a otros grupos, como el Romero o el Brescia, a que in-viertan en educación, pidiéndoles que inviertan cuando el gobierno de las universidades –como lo propone esta ley– esté supeditado a una asamblea universitaria o un tercio estudiantil, o cuando el rector sea también elegido por la superintendencia, como lo propone la ley. O pidiéndoles también que inviertan cuando el Congreso les diga que no pueden crear filiales fuera de Lima porque es desleal competir con las universidades de las regiones.

Por no hablar de lo que hace ahora la Sunat, que interpreta a su cuenta y riesgo que el artículo de la Constitución que promueve la inversión en educación fue solo temporal y acabó en el 2008, por lo que ahora desaparece el incentivo a la reinversión. Incentivo que, dicho sea de paso, fomentó S/.2.000 millones de inversión en infra-estructura y equipamiento. No nos engañemos, todas estas medidas muestran una vocación intervencionista en la que hoy el blanco es la educación, mañana podrá ser la salud y más tarde los medios de comunicación. Ofrecer educación buena, gratuita y en tu zona de residencia es una propuesta irresistible, pero los antecedentes y la  situación actual del Estado en materia de ejecución y gestión la convierten instantáneamente en una utopía.

La reforma de la educación universitaria no empieza con esta ley, que más bien podría ser el ?n de la verdadera reforma, impulsada en dos etapas hace cincuenta años con la llegada de las universidades privadas y luego hace veinte años con las universidades societarias. Como padres de familia imaginemos un Perú sin universidades privadas; probablemente desaparecerían solo algunas malas, pero no cabe duda de que también desaparecerían todas las mejores.

Publicado en El Comercio, 1 de noviembre de 2013