Desde que, sin mayor fundamento, en agosto 2013 se pronosticó la llegada de vacas flacas, la profecía empezó a autocumplirse. La confianza empresarial y la de los ciudadanos decaen sin pausa desde entonces. En el segundo semestre del año pasado, la baja de precios de algunos de nuestros productos claves de exportación, y sobre todo la permisología que frena las inversiones mineras y en infraestructura, acentuaron la tendencia. Este año, el infernal ruido político y los escándalos de corrupción añaden fuego a la hoguera de la desaceleración del crecimiento económico. Tanto la ejecución del gasto público como la inversión privada han sido impactados, se han frenado.
La corrupción en obras públicas a cargo de varios gobiernos regionales y locales alcanzó ribetes de escándalo. El hecho que se haya aprobado en el Congreso la no reelección inmediata de autoridades regionales, provinciales y locales hace pocos días y que ahora los presidentes regionales se llamen “gobernadores” no impedirá que algunos metan la mano, solo que van a tener que hacerlo más rápido y por mayores montos, porque no van a poder atornillarse en el cargo. En este contexto el nuevo nombre de los presidentes regionales es lo de menos.
Para combatir la corrupción pública con alguna posibilidad de éxito se necesitan otras herramientas. Como se suele decir ahora: hay que seguir la huella del dinero. Por eso, en cuanto a fiscalizar el gasto en obras públicas, lo que se necesita con urgencia es más información.
Resulta que rutinariamente, mes a mes, se reportan cifras oficiales sobre gasto devengado en obras públicas, que es presentado como gasto “ejecutado”, cuando de ejecutado no tiene mayor cosa. En efecto, devengar quiere decir que el gobierno central autoriza el giro y la entrega de dinero a los gobiernos regionales, provinciales y locales para que estos ejecuten en sus jurisdicciones proyectos de obras públicas de utilidad que han sido evaluados, declarados viables y aprobados por el SNIP. Hay mucho celo en este último aspecto, y eso está muy bien.
Lo que no está nada bien es que a partir de ese momento no se sabe qué pasa con el dinero transferido. En varias regiones, donde los presidentes han sido acusados o están presos, aparentemente se ejecutaban obras para las que habían recibido recursos devengados del gobierno central. Resulta que no era así. Se levantaban la plata con la complicidad de contratistas sin escrúpulos. El balance: muchas obras públicas sin empezar o abandonadas sin terminar y recursos dilapidados.
Esto podría haberse evitado, o al menos la posibilidad de que esto ocurra podría haberse reducido sustancialmente, si hubiese sido obligatorio verificar y reportar, digamos trimestralmente, el avance de la ejecución física de cada obra a cargo de los gobiernos subnacionales. Eso hubiera hecho sonar las alarmas oportunamente.
Es de suponer que recolectar este tipo de información resulta complicado, sobre todo porque debiera hacerlo quien gira los fondos, no quien ejecuta el gasto, pero debe organizarse el sistema de acopio oportuno de datos urgentemente. Y los reportes necesitan ser oportunos, porque es crítico seguir el avance real de las obras públicas de cerca. Medio año de desfase puede significar que los recursos alzaron vuelo y el delito se consumó.
Nos llevaremos grandes sorpresas cuando algún día se logre construir una línea de base y se descubra la cruda realidad de la ejecución del gasto público a nivel de obras terminadas en los gobiernos regionales, provinciales y locales del país, que es donde realmente importa medir el buen uso y destino de los recursos devengados por el gobierno central.
El congresista Juan Carlos Eguren es apreciado por su constancia en divulgar las cifras mensuales del gasto público devengado por niveles de gobierno y por sectores. Esa información es valiosa para medir el ritmo de entrega de recursos por el gobierno central a los gobiernos subnacionales para que hagan sus obras, pero no alcanza para seguir el rastro del dinero y combatir la corrupción. Es posible que por falta de información constante y oportuna sobre avances en la ejecución de obras públicas se estén perdiendo cientos de millones de soles del fisco cada año.
Mientras en obras públicas los controles necesarios son insuficientes, los proyectos de asociaciones público privadas (APP) son seguidos de cerca, permanentemente, por el MEF, los ministerios concedentes, el regulador, la Contraloría, los congresistas, la prensa. El mundo al revés. Somos muy estrictos y suspicaces con las APP que funcionan bien y están bien vigiladas, y bastante relajados con las obras públicas donde la plata del erario nacional se fuga en masa.
