Por: Giovanna Prialé
Gestión, 23 de junio de 2021
El gran pendiente del bienestar común ha sido el hecho de que, por diversos motivos, solo 3 de cada 10 peruanos acceden a una pensión.
En los últimos meses, el Sistema Privado de Pensiones (SPP), aquella sólida –aunque perfectible– fuente de ahorro que el país consolidó desde hace más de 20 años, ha venido enfrentando duros golpes. Estos no provienen de las desafiantes condiciones en que se deben invertir los fondos, sino de la reiterada aprobación de legislación, formulada y confirmada con un gran desconocimiento y mezquindad hacia algo que costó lustros construir.
La aprobación del llamado 95.5%, en junio del 2016, cuando el Congreso 2011-2016 concluía sus funciones, parece hoy solo un lejano recuerdo de algo que se creyó excepcional, pero que —desde marzo del 2020— parece la regla: se ha convertido en la desnaturalización del ahorro previsional.
Las precarias circunstancias en que muchos afiliados enfrentan la pandemia y las innegables mejoras que debe tener el SPP han sido el pretexto perfecto para el accionar de políticos que no tienen otro interés que capitalizar votos, acicateados por la inevitable dificultad que implica persuadir de la importancia del ahorro futuro cuando las necesidades presentes hacen mella.
Al igual que en el 2016, un Congreso saliente busca aprobar legislación que –disfrazada de interés por el afiliado– terminará dilapidando el ahorro forjado a lo largo de cerca de seis lustros, que al 2020 constituía el 22% del PBI. En algunos casos, la llamada “hora loca” parlamentaria –cuando se aprueba legislación descabellada, aprovechando que el país está enfocado en el cambio de gestiones– parece finalmente haber llegado.
En efecto, al menos 60 proyectos de ley se encuentran en trámite en comisiones e incluso existen presiones para acelerar la inclusión de otros. El Congreso tiene la potestad de aprobar los cambios legislativos necesarios para mejorar el SPP, escuchando las diversas expectativas ciudadanas. Pero el impacto que estas modificaciones significarán amerita una evaluación madura y objetiva.
De todos los sugeridos, los proyectos que significan mayor riesgo son aquellos que quieren saltarse los pasos, como la evaluación y el debate al interior de las comisiones especializadas, donde suele invitarse a los organismos técnicos. El caso más reciente lo constituye aquel que busca facultar la desafiliación y crear cuentas previsionales en las entidades del sistema financiero.
Dicha iniciativa establece que las cuentas previsionales deben ser “intangibles e inembargables”. Esto implica que los fondos solo se pueden invertir. Pero, como se sabe, las entidades financieras realizan préstamos de dinero con los cuales pagan los depósitos. Si no podrían emplear los fondos para préstamos debido a su característica de intangibles e inembargables, no podrían generar los intereses necesarios para poder pagar el retorno de los depósitos.
También se plantea que las cuentas previsionales estén “libres de comisiones”. Esto quiere decir que todos los costos relacionados a la administración de los fondos deberán ser asumidos por las entidades financieras: costos de afiliación, recaudación, cobranza, pago de pensiones, etc. ¿Es esto factible?
Otros puntos contra esta propuesta son los señalados por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), que sostiene que no cumple con el objetivo de proveer una adecuada protección de la población afiliada a las AFP ante los riesgos de la vejez, invalidez y fallecimiento. Además, señala que el proyecto conllevaría serios perjuicios a los afiliados en lo que corresponde a la gestión de sus recursos bajo una trayectoria de largo plazo, al incorporar riesgos propios del sistema financiero.
Igualmente, la SBS alerta que los fondos de pensiones no se aislarían del riesgo de otros servicios u operaciones realizados por las entidades financieras, como sí ocurre con las AFP, cuyos patrimonios son independientes de los fondos de pensiones. Así, pueden devenir riesgos potenciales para el objetivo del SPP.
Lo dicho en los párrafos previos no incluye a otras iniciativas que van a contracorriente de lo sucedido a nivel internacional: adelantar la edad de jubilación. Así, en el país se busca tener jubilados a los 50 años, cuando la esperanza de vida ha aumentado y todos los países buscan más bien retrasarla.
El SPP sin duda requiere mejoras, que deben forjarse del más amplio debate democrático. De hecho, el gran pendiente del bienestar económico de los últimos años ha sido el hecho de que, por diversos motivos como la informalidad laboral y la baja cobertura, solo 3 de cada 10 peruanos accedan a una pensión. No es casual que muchos políticos forjen su carrera en torno a estas expectativas.
Pero lo innegable es la gestión transparente y eficiente de las pensiones, algo que se grafica en el hecho de que, al momento de la jubilación, de cada 3 soles en el fondo de pensión, 2 soles corresponden a la rentabilidad que ha generado la AFP para el afiliado y 1 sol lo constituye el aporte. La rentabilidad de los fondos de pensiones, desde su creación, ha sido en promedio de 11% nominal anual. Esto se explica, en buena medida, porque el 50% de los fondos se invierte en el extranjero.
Es de este punto positivo que toda mejora debe formularse. En cambio, con decisiones sin sustento técnico, motivadas por intereses meramente políticos, se podría terminar conduciendo a un terrible desenlace: encaminar al Perú a convertirse en un país sin pensiones. En suma, un país sin futuro.
