Gianfranco Castagnola, Presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría
El Comercio, 20 de junio del 2017
Es preocupante la poca sensatez con la que venimos manejando eventos complejos –o complicando innecesariamente eventos ordinarios– en estos últimos tiempos en el Perú. Se está perdiendo la cordura y las buenas formas. Insultos, ataques y descalificaciones irrespetuosas reemplazan argumentos, lo que afecta la convivencia civilizada a la que debe aspirar toda sociedad. Si no revertimos esta tendencia, vamos camino a destruir lo avanzado en los últimos 25 años. El sueño de un mejor país el 2021, cuando celebraremos el bicentenario de nuestra independencia, se ve cada vez más lejano.
La crisis suscitada por la grabación de la conversación entre el ministro de Economía y el contralor es el caso más reciente. En primer lugar, no debiera asumirse como algo normal que quien conduce la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, que en su página web destaca como sus valores la “honestidad, justicia y prudencia”, sea sospechoso de grabar subrepticiamente una reunión de trabajo con un ministro.
Tampoco debiera ser tolerable el acto de prepotencia del Congreso el jueves pasado, cuando decidió convocar para esa misma tarde al ministro. No había ninguna razón para hacerlo, dado que el ministro estaba citado para dar sus descargos ante la Comisión de Fiscalización al día siguiente. Sobre el fondo, como lo señaló el editorial de este Diario el domingo último, el ministro cometió errores políticos y soltó frases poco felices, cierto que bajo los códigos de una conversación supuestamente privada. Sin embargo, de la lectura de la transcripción de la grabación queda claro que no cometió ningún delito ni, mucho menos, pretendió sacar algún tipo de provecho personal. Si el rigor con el que se juzga al ministro Alfredo Thorne se hubiera aplicado a todos los ministros durante las últimas décadas, las censuras hubieran sido pan de todos los días. Y si se aplicara a los congresistas, tendríamos desafueros todas las semanas.
Otro caso fue el de la leche. Es indiscutible que algo falló en el sistema. Un producto lácteo no es exactamente leche y la empresa erró al poner una vaquita en la etiqueta. Este caso debió haber discurrido por los canales regulares: la Digesa revisando el registro sanitario de ese producto, el Indecopi iniciando un proceso sancionador a la empresa por publicidad engañosa. Pero no. En medio de presiones mediáticas, se desató una competencia –Poder Ejecutivo incluido– por demostrar quién era capaz de proponer las sanciones más radicales –retiro del producto, acusaciones penales–, como si se hubiera tratado de un producto pernicioso para la salud. Se maltrató a funcionarios honestos –cosa que se viene haciendo costumbre en el actual Congreso–, se estigmatizó a la empresa privada y, en todo este río revuelto, hubo ganancia de ganaderos. Ellos lograron en una semana lo que su lobby no había podido en una década: que el Congreso aprobara una ley que prohíbe la utilización de leche en polvo en la elaboración de leche evaporada. Esto, sin ningún criterio técnico –no se solicitó opinión al Inacal, la Digesa y universidades– y sin consideración a los consumidores, pues es totalmente previsible que el producto se encarecerá.
Por otro lado, las iniciativas legislativas y las últimas leyes aprobadas por el Congreso demuestran cómo los dirigentes políticos reaccionan precipitadamente a reclamos mediáticos y de sectores de la población y proponen soluciones sin pies ni cabeza. Un buen ejemplo es el proyecto de ley promovido por la congresista Karina Beteta. Como se recordará, en febrero pasado el gobierno promulgó el Decreto de Urgencia 003, que suspendía la transferencia de capitales al exterior y regulaba la venta de activos de empresas condenadas o que hayan reconocido culpa en el Caso Lava Jato. El proyecto de Beteta pretende ampliar estas restricciones a empresas que, no habiendo sido condenadas, hayan sido socias o asociadas de las comprendidas en el decreto de urgencia –socias incluso en obras sin cuestionamientos–, así como a empresas donde estas hayan invertido “al tiempo de la comisión de los delitos”. La norma es tan amplia –y tan mal redactada– que abarca a muchas empresas que no han tenido que ver con actos de corrupción. Por ejemplo, si Odebrecht hubiera adquirido a través de la bolsa de valores un porcentaje minoritario de una empresa, esta se encontraría incluida en la restricción. Y como este, podemos encontrar decenas de ejemplos en la página web del Congreso.
Nuestros dirigentes políticos en lugar de asumir su rol de líderes, ya sea de gobierno o de oposición, ordenando el debate, escuchando a todos los involucrados y proponiendo soluciones razonables a las demandas de la población, se retroalimentan con las facciones más bullangueras de las redes y de la presión mediática y se mimetizan con estas. Claramente, han perdido la sindéresis. Esto es, la capacidad para juzgar rectamente los hechos.
El telón de fondo de toda esta insensatez es el complejo escenario político donde, excepto algunos períodos de tregua –como ocurrió durante El Niño costero–, ha primado una gran tensión entre el gobierno y la oposición. Si ambos no logran alcanzar un acuerdo mínimo que otorgue gobernabilidad al país, los cuatro siguientes años serán desastrosos. La historia juzgará a quienes resulten responsables de ello. Pero, mientras, los ciudadanos sufrirán una pérdida significativa en su bienestar.
