Germán Serkovic González
Para Lampadia
Se dice que de cada diez trabajadores peruanos, siete son informales. Esto no quiere decir que todos los informales se encuentren en las mismas condiciones; hay trabajadores informales de empresas informales, trabajadores informales de empresas formales y trabajadores que desarrollan en la informalidad un oficio o profesión independiente. Los porcentajes de la distinción anterior, son variables.
Sólo tres de cada diez peruanos -y quizá menos- laboran protegidos por la cúpula de derechos y beneficios que otorga nuestro ordenamiento laboral, situación que dice muy pocas cosas favorables de nuestro derecho del trabajo del todo incapaz de generar empleo formal; al contrario, pareciera que lo ahuyentara.
El trabajo informal, la labor a la luz de la luna o la economía sumergida -que son varias de sus denominaciones- es en buena cuenta una labor que se desarrolla dejando de lado las normas.
Su explicación es muy diversa, pero siempre pasa por coexistir con un Estado sobre regulador lleno de requisitos, condiciones, reglamentaciones, inspecciones, verificaciones, sellos, autorizaciones, permisos y demás. Y es que la burocracia cuando se incrementa, tiene que justificar su existencia y eso lo hace creando obligaciones costosas, inútiles y repetitivas que agobian al emprendedor.
Pero la informalidad no es el tema del presente artículo, o al menos no es el tema central. En las últimas décadas ha surgido un fenómeno distinto, peligroso. Es la economía ilegal. Si el informal opera en los márgenes de la legalidad, el ilegal es abiertamente un delincuente, obra en contra de las normas, pero ahora mueve ingentes cantidades de dinero, tiene poder político derivado de la compra de voluntades, puede pagar -y lo han hecho- costosas campañas políticas, sus allegados se sientan en los gobiernos municipales, regionales y en el gobierno central, cuando no han infiltrado a la policía y a los entes que deben perseguir el delito y administrar justicia.
Casi no existe en el norte del país una bodega que no pague cupos, bajo el disfraz de una supuesta “protección”, un mototaxista extorsionado, una obra de construcción civil amenazada o una pequeña empresa cuyo titular recibe llamadas exigiendo un ilegal pago. Muchos viven de la extorsión.
El narcotráfico genera sustento para muchos campesinos que no tienen alternativas, pero alimenta también una red de corrupción y lavado de dinero en la que miles de personas encuentran un ingreso pingüe. Nótese que en los últimos tiempos no hay mayores noticias sobre el tráfico de drogas, eso no implica que esa actividad haya disminuido, significa que los delincuentes han entendido que el perfil bajo es la mejor forma de no llamar la atención de las autoridades sobre sus ilícitos negocios.
La tala ilegal es un grave problema en nuestra selva, las maderas finas tienen un alto precio en el mercado. Los operadores ilegales de este mercado hasta se dan el lujo de -con el apoyo interesado de algunas ONGs- iniciar procedimientos judiciales en contra de empresas formales con el propósito de alejarlas de la zona.
Pero sin duda la cereza del pastel de esta enumeración de ilegalidades, es la minería ilegal. Millares de personas laboran en este rubro, y no nos estamos refiriendo al pequeño minero artesanal, sino a las mafias que con maquinaria de última generación y una inacabable provisión de explosivos -Sucamec ni se inmuta- depredan la selva en el sur y atentan contra la minería formal en la sierra norte. En la selva, son convenientemente avisados con antelación de cualquier operativo y tienen el tiempo suficiente para esconder la maquinaria en la espesura o de trasladar las dragas por vía fluvial a algún país vecino para luego retornar pasado el peligro. En la sierra norte, interceptan los socavones de las mineras formales para amedrentar a sus empleados y robar el material, sin importar los muertos que dejan en el camino. Sobre esto, los antimineros callan en todos los idiomas. Detestan a la minería formal, pero miran a otro lado frente a los ilegales y a los depredadores que contaminan sin control alguno…es comprensible, ellos pagan sus campañas.
Cuando una gran cantidad de personas encuentran su sustento diario en el crimen, la sociedad está en serios problemas. No sólo se normalizan las actividades delictivas, también se crea una economía negra que busca poder político para mantener sus actividades. Obviamente la búsqueda del poder político implica la compra de candidatos y la sustentación de sus campañas, sin que sean de trascendencia los gastos. Recursos tienen, y de sobra. No se cuenta con datos fehacientes respecto del número de personas que viven de la ilegalidad, pero se especula que es muy considerable.
En los peores tiempos del tráfico de drogas y de Escobar en Colombia, existía en el Congreso de ese país un grupo que casi a la luz defendía a los narcotraficantes. Mucho les costó superar esa etapa.
Es momento de prestar atención a este problema y no buscar soluciones facilistas o prestar oídos a cualquier perturbado que cree tener la receta milagrosa para acabar con la ilegalidad. El tiempo juega en nuestra contra. Una economía basada en la informalidad, es grave; pero una que se asienta en la ilegalidad, puede ser terminal. Lampadia
