Por: Fernando Rospigliosi, Analista político
El Comercio, 20 de julio de 2019
Sintomáticamente el nuevo interrogatorio a los funcionarios de Odebrecht, que debería realizarse el próximo martes 23, ha sido postergado hasta agosto. Todo indica que están negociando para arreglar el embrollo: la fiscalía para salvar la cara y la empresa para no perder los generosos beneficios que le han otorgado.
Aunque las críticas al acuerdo con Odebrecht se han centrado en la omisión más grande, el gasoducto del sur, en realidad la revelación obtenida por un periodista ecuatoriano incluye veinte obras realizadas en el Perú, en las que presuntamente la empresa habría pagado sobornos provenientes de la caja 2.
Eso es también lo que sospechaba el fiscal que tenía a su cargo antes el caso, Hamilton Castro, y que el equipo encabezado por Rafael Vela y José Domingo Pérez desechó para aceptar solamente lo que la empresa quería declarar. Ahora que ellos van a interrogar nuevamente a los brasileños, ¿les preguntarán por las veinte obras? ¿O nuevamente se limitarán a aceptar lo que buenamente quieran entregarles?
A estas alturas, es legítimo desconfiar del comportamiento de los fiscales a cargo del caso. Como ha advertido Ricardo Uceda en “La República”, a pesar de lo que ya se conocía al momento de firmar el acuerdo, que la empresa no había dicho la verdad, los fiscales aseguraron a la jueza María Álvarez, encargada de validarlo, que no conocían ningún otro delito además de los incluidos en el convenio. Es lo que consigna Álvarez en el punto 92 de su sentencia: “Según lo informado por la fiscalía que los hechos en relación a los cuatro proyectos sobre los que versa el presente acuerdo, serían los únicos casos donde fiscalía ha evidenciado sospecha sobre la presunta responsabilidad penal de los colaboradores eficaces” (“Colaboración ineficaz”, 16/7/19).
Mariella Balbi también ha documentado que en poder de la fiscalía se encontraban por lo menos seis carpetas fiscales sobre el gasoducto, que el equipo de Vela y Pérez congeló hasta que las revelaciones periodísticas hicieron estallar el escándalo (“Fiscalía ocultó las coimas en el gasoducto”, “Expreso”, 19/7/19).
Las contorsiones de los fiscales y la coalición vizcarrista que los respalda para tratar de justificar semejante omisión –por llamarla de alguna manera– han incluido el intento de aprovechar la detención del expresidente Alejandro Toledo en Estados Unidos, que han presentado como una muestra de la eficacia de su trabajo, cuando en realidad el pedido de extradición fue elaborado por el anterior equipo, los denigrados fiscales Hamilton Castro y Alonso Peña Cabrera, y aprobado por el Consejo de Ministros durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Pero Vela, que no pierde ocasión de figurar, se embarcó de inmediato para aparecer en la foto y estar en las noticias en el papel que le han asignado: héroe de la lucha anticorrupción.
El caso de Toledo también se pretende utilizar como ejemplo de que no hay manipulación política del gobierno y el sistema judicial. La falacia que usa la coalición vizcarrista es que si en ese caso no hay una intención política de perseguirlo, en ningún otro caso tampoco la hay. Eso, por supuesto, es falso.
Todos los políticos acusados de corrupción dicen ser perseguidos políticos para justificarse y tratar de escapar de la justicia. El hecho de que muchos usen eso como un pretexto, no significa que algunos realmente no sean víctimas de un tratamiento diferenciado, producto del interés del gobierno y la coalición vizcarrista. Ese parece ser el caso de Keiko Fujimori y Alan García, los dos principales líderes opositores que fueron sacados de la escena.
Es decir, si bien ni Alejandro Toledo ni César Álvarez –por mencionar dos casos en los que hay evidencias sólidas– son perseguidos políticos, eso no significa que en otros casos no haya una intencionalidad política en las acusaciones, el tratamiento y la campaña mediática.
Y eso sirve también para proteger, hasta donde es posible, a algunos de los socios de la coalición vizcarrista. Por ejemplo, el hecho de que ninguna obra de Odebrecht en el período de Ollanta Humala y Nadine Heredia se incluyera en el acuerdo con Odebrecht. O que las demoledoras declaraciones del jefe de otra empresa brasileña, OAS, sobre el papel de Nadine Heredia en la corrupción del gobierno de su marido, no hayan tenido ni la milésima parte de la repercusión mediática que los aportes a la campaña de Fujimori –dos hechos de implicancias judiciales y políticas diferentes, siendo mucho peor el de Heredia–, muestran a las claras el tratamiento diferenciado según la ubicación política de los implicados.
Ahora, con un gobierno que exhibe su incompetencia en el tratamiento de los conflictos, en sus propuestas de reformas institucionales y en el manejo de la economía, solo cabe esperar que recurra, como siempre, a un nuevo golpe político.
