Comentarios de la mesa redonda organizada por El Comercio
Fernando Muñoz Najar
Para Lampadia
Los cuatro participantes estuvieron de acuerdo en que no era momento para plantear una reforma de pensiones.
Más importante aún Santiago Levy, ex Director del Instituto de Seguridad Social de Méjico, dijo que todas las reformas de pensiones en América Latina fracasan porque no se plantea antes una reforma laboral, que permita el acceso a la seguridad social a todos. Es claro que tratar de redistribuir ingresos a través del mercado laboral fracasa porque muy pocos están en ese mercado y deja fuera a la mayoría. En el caso del Perú esto es muy grave porque el proyecto de reforma presentado deja fuera a siete de cada diez trabajadores.
Si se lleva a cabo la reforma propuesta, tal como está planteada, dentro de 20 años no se habrá resuelto nada, la cobertura o sea los trabajadores que tienen acceso a pensiones seguirá siendo mínima y el monto de las pensiones bajo debido a la irregularidad de los aportes de los trabajadores.
Respecto a la redistribución de los ingresos se mencionó que la aplicación de la solidaridad en el ahorro previsional causaría un incremento de la informalidad, porque los empleados formales preferirían pasar al sector informal. La redistribución de una parte de los Fondos, como propone el proyecto, solo incrementaría la pobreza entre los trabajadores de clase media y no reduciría la pobreza, dejando sin tocar a aquellos con los ingresos más altos porque no están en las planillas de sueldos. Lo que debe buscarse es redistribuir a través de impuestos, ampliando además la cobertura con una reforma laboral e incrementar el programa de Pensión 65. Los afiliados de las AFP no deben ser responsables de la redistribución, pagan sus impuestos para que el Estado ayude.
Se dijo que el proyecto no sirve para mejorar las pensiones y que sería mejor crear una pensión a través del IGV para ampliar la cobertura, ayudaría a la gran mayoría de peruanos que se jubilará sin una pensión. El proyecto está castigando a los trabajadores formales, sin tomar en cuenta que muchos informales tienen ingresos pequeños, pero hay también de grandes ingresos.
La ONP obtiene parte importante de sus ingresos de impuestos que todos los ciudadanos pagamos y también de los aportes de un tercio de sus afiliados a los cuales nunca les pagará pensión. La ONP tiene costos aún más altos que las AFP, pero no los transparenta, más del 25% de los aportes se van en costos administrativos.
Los altos costos del sistema privado no deben preocupar si tienen un buen rendimiento en las inversiones del Fondo, y lograr esto no es barato. La rentabilidad neta de los Fondos es en promedio de 5%, bastante altos, por lo que no es de preocupación el costo de la comisión.
Finalmente, se dijo que el proyecto requiere de mayor estudio, porque no toca los aspectos principales como cobertura y que el control de las pensiones debe estar lejos de los políticos, que una reforma debe generar confianza, ésta no la genera.
No se tocaron los aspectos constitucionales que el proyecto no está respetando, como son: la libertad de elección del afiliado y la garantía del libre acceso a sistemas de pensiones públicos, privados o mixtos, entre otras. Los panelistas eran expertos en pensiones, no constitucionalistas.
