Fernando Cáceres Freyre
El Comercio, 3 de febrero del 2025
“Si se concretan estas iniciativas, terminaremos empeorando nuestra rigidez laboral y aumentando la informalidad y el subempleo”.
El Perú ocupa el puesto 77 en el pilar mercado laboral y el puesto 134 en el indicador de prácticas de contratación y despido (Foro Económico Mundial, 2019). Nuestra informalidad bordea ya el 71% (Cómex-Perú).
Nuestros pocos trabajadores formales gozan de una serie de beneficios que resultan altos en términos comparativos (por ejemplo, 46 días libres remunerados al año), lo que nos hace perder competitividad y aumenta la informalidad. A pesar de ello, nuestros congresistas no parecen dimensionar la magnitud de seguir encareciendo la contratación formal.
La ‘pistola laboral’ que apunta hacia las empresas formales viene hoy cargada de 29 proyectos de ley en el Congreso, la mayoría de los partidos de izquierdas, que pueden resumirse de la siguiente forma:
Despido: se propone que en los casos de despido se pague no solo la indemnización y/o reposición, sino que, además, se obligue a pagar daños punitivos (monto a modo de castigado ejemplificador).
Además, se quiere obligar al empleador a que, para poder utilizar la figura del despido por rendimiento deficiente, no solo deba acreditar que el trabajador produce por debajo del promedio, sino que ¡su ineficiencia le genera un perjuicio! También se propone pasar de otorgar 30 días naturales para impugnar un despido a otorgar 40 días si se solicita reposición y 60 días para pedir indemnización. Por último, se establecen límites para el ejercicio de la figura de la suspensión perfecta de labores, lo que impone al empleador la carga de probar que no es posible mantener el vínculo laboral, dificultando la utilización de una figura que –por corresponder a un caso fortuito o de fuerza mayor– debe ser expeditiva.
Tercerización y relaciones colectivas de trabajo: también existen proyectos de ley que buscan prohibir tercerizar las actividades vinculadas al ‘núcleo del negocio’, y se propone que en las actividades que sí puedan ser tercerizadas estos trabajadores accedan a beneficios laborales como las utilidades y adquirir derechos colectivos.
Estas medidas han sido descartadas por el Indecopi y el Poder Judicial, cuyo pronunciamiento final se encuentra próximo por constituir barreras burocráticas, pues, en el 2022, el gobierno de Pedro Castillo también buscó prohibir la tercerización laboral.
Remuneración: existen proyectos de ley sobre la remuneración mínima vital que buscan que se incremente anualmente o cada dos años, que aumente por inflación, e incluso proponen un ajuste automático al 30% de la UIT que, de concretarse, haría que las empresas estén obligadas a pagar este año un sueldo mínimo de S/1.605 soles, afectando la lucha contra de la informalidad y el subempleo.
Por último, no faltan iniciativas que buscan equiparar a los trabajadores de regímenes especiales como los ‘part time” a los ordinarios, proponiendo que se les reconozcan beneficios como CTS y vacaciones. Otra propuesta es que los trabajadores que laboren en horario nocturno perciban un salario del 35% superior al que se paga en los turnos diurnos por la misma labor, encareciendo diversas actividades nocturnas por decreto.
Beneficios no remunerativos y otros: hay iniciativas que proponen licencias de un día por el fallecimiento de mascotas y la facultad de pedir licencia por un año sabático, pero nada se compara al proyecto que busca extender hasta ¡180 días! la suma del descanso pre y posnatal, el doble del actual. También se propone que las empresas con más de 50 trabajadores tengan mínimo el 10% de trabajadores entre 18 y 29 años, y así.
Si se concretan estas iniciativas, o parte de ellas, terminaremos empeorando nuestra rigidez laboral y aumentando aún más la informalidad y el subempleo (y aumentará el incentivo para reemplazar trabajadores por IA). Esperemos que los congresistas tomen conciencia de que el objetivo es crear más puestos de trabajo formales y no incrementar los costos para los pocos formales que ya existen.
