Fernando Berckemeyer Olaechea, Director periodistico de El Comercio
El Comercio, 13 de agosto de 2017
“No recibiremos a ningún ciudadano que haya realizado actos de violencia”.
Imagino que con esta frase el presidente intentaba salvar algo de autoridad. Al fin y al cabo, sabía que la pronunciaba mientras anunciaba que negociaría lo que su gobierno se había pasado los más de dos meses de huelga de profesores diciendo no negociaría.
El hecho es que solo sumó a la impresión de patetismo.
No lo digo porque pasasen tan pocas horas desde esa declaración hasta que la ministra de Educación salió sonriente, con un acta firmada entre manos, al lado de su ya para entonces cofirmante Ernesto Meza Tica, denunciado penalmente por el mismo gobierno como cabecilla de la violencia del Cusco. No.
Lo digo porque el hecho evidente era que el presidente estaba negociando a causa de la violencia (una violencia que incluyó ataques a seis aeropuertos y la ruptura de los rieles del tren turístico más importante del país). Una vez eso era verdad, daba lo mismo, al menos en lo que toca al mensaje que estaba dando, si solo aceptaba recibir a Mahatma Gandhi para que hablase a nombre de los protestantes.
No era la primera vez en este mismo conflicto que el presidente demostraba que no lo medían mal quienes, a la hora de enfrentarlo, oían sus advertencias como quien oye llover. A lo largo de los meses del conflicto, por ejemplo, el gobierno advirtió una y otra vez que la violencia era inadmisible, mientras que, semana a semana, la seguía admitiendo.
Desde luego, este conflicto no es la única ocasión en que el gobierno retrocede sobre sus dichos y políticas motivado por la violencia. Nada parecido. Sin embargo, para ser justos, no se trata de algo exclusivo de él. Si una institución ha creado la política nacional de los últimos años, esta es la de la “mesa de diálogo” que sigue a la violencia.
Se supone que estas “mesas de diálogo” son algo intrínsecamente democrático porque, bueno, son diálogos. En realidad, por supuesto, son antidemocráticas. Ocurren al margen de los canales de la democracia y, al hacerlo, los subvierten. Para incurrir en estas negociaciones, por ejemplo, el presidente se ha saltado a la representación oficial de la federación nacional de sindicatos del magisterio, el Sutep. Lo hizo porque un grupo de sindicatos dentro de ese mismo Sutep recurrió a la violencia para ganarle la iniciativa a los líderes elegidos de dicha federación sindical y sacarle al gobierno concesiones que esta no había logrado. Será solo lógico si la próxima vez es el propio Sutep el qued va a la violencia primero.
Aunque, en verdad, no hay que esperar para ver la lección aprendida: luego del acta de Palacio los sindicatos de 16 regiones que dicen sentirse no representados por los acuerdos han seguido con sus protestas. Se están considerando las respectivas “mesas de diálogo” mientras escribo estas líneas (también con varios sindicatos provinciales, más allá de lo que pueda acordarse con sus representantes regionales).
Los procesos de estas “mesas de diálogo”, por otro lado, también son inminentemente inequitativos. Por ejemplo, en el caso que tenemos al frente, ¿se cederá lo mismo en cada una de las mesas? ¿Qué pasa con los otros gremios al interior del Estado que, estando en situaciones similares, no han tomado aeropuertos?
No es el caso, pues, que vayamos hacia un país más justo con la institución de las “mesas de diálogo” (camino en el que, dicho sea de paso, sí están los sueldos de los profesores, que, si bien insuficientemente, han subido mucho desde los niveles paupérrimos en que salieron de los ochenta). Y, ciertamente, no nos ayuda a reafirmarnos como un país a secas: como un lugar con una gran mesa de diálogo permanente y regida por representaciones proporcionales a la voluntad popular (el Congreso) y varios niveles de autoridades locales y regionales, además de libertad de expresión y asociación irrestrictas, como para hacer sentir en el debate nacional el peso de los números que uno representa. No un sitio donde el gobierno funciona como un Juan sin Tierra itinerante que debe ir negociando con cada grupo de presión específico sus derechos y obligaciones y la forma en que se gastarán los recursos de todos.
El gobierno parece sentirse liberal, pacifista y adaptativo cuando actúa así. Aparentemente no nota que la autoridad democrática que cede la ley no está negociando, sino quitando el cuerpo. Después de todo, detrás de esa ley hay derechos de terceros que él no tiene derecho a ceder. Por cada carretera bloqueada hay ciudadanos (y aun comunidades enteras) incomunicados contra su voluntad y, por tanto, violentados.
También parece pensar que cuando un gobierno renuncia al monopolio legítimo del uso de la violencia, crea la paz. La verdad es al revés: lo que crea es el espacio para las violencias de todos los demás. Y a las pruebas me remito.
