NO DEBEMOS CONTENTARNOS CON CRECER SOLO EL 3% DEL PBI
Félix Álvarez Velarde
Para Lampadia
La presidenta Dina Boluarte anunció, muy triunfante, que el crecimiento económico de nuestro país, para este año se proyectaba al 3.1% del PBI, según organismos internacionales especializados. Pero los más distinguidos economistas de nuestro país han manifestado que deberíamos crecer mucho más, dado el potencial que tenemos. Jaime de Althaus indica que en el segundo gobierno de Alan García se llegó a crecimientos de hasta 9% anual, con precios de los metales menores a los que tenemos actualmente (Peligrosa Complacencia, Lampadia, 1/08/20525).
Según Diego Macera (IPE), el crecimiento promedio en el segundo gobierno de Alan García fue de 7.2 %, alcanzando un pico de 9% en el 2008 y la disminución de la pobreza fue en un promedio de 4% anual (“Las dos caras económicas del ex –presidente García”, El Comercio, 21/04/2019). Y ello a pesar de que en el 2008 se inició una gran crisis mundial que se inició en EEUU (la “burbuja inmobiliaria”) y que duró varios años. Asimismo, a pesar a que los precios de los minerales tuvieron precios significativamente menores a los que tenemos actualmente.
En efecto, en el gobierno de Alan el precio máximo del cobre llegó a 4 dólares/libra; en cambió en julio del 2025 hemos llegado al precio récord de 5.94 dólares/libra; es decir, casi un 50 % mayor. En cuanto al oro, en el 2008 estuvo a 884 dólares/onza; en cambio este año ha escalado a 3,351 dólares la onza; es decir que el precio ha subido a un extraordinario 379%, casi 4 veces. También este gobierno ha tenido a favor (sin que el gobierno haya tenido nada de mérito) el que los productos de agro-exportación hayan tenido subidas de precios y de demanda internacional, habiendo alcanzado en el 2024 un valor de exportaciones de 12,500 millones de dólares, más de quince veces que se tuvo en la primera década de este siglo (a pesar de que al derogarse la ley de promoción agroindustrial en el gobierno de Sagasti, se desalentó la inversión).
Tenemos que estar muy descontentos pues nuestro crecimiento debería ser mucho mayor si aprovecháramos mejor nuestro potencial. Solo en el sector minero tenemos una cartera de proyectos de algo más de 60 mil millones de dólares; algunos de esos proyectos podrían entrar en producción en muy corto plazo. Tenemos también un gran potencial en la industria forestal, acuicultura, ampliación de la frontera agraria, podemos aumentar la producción agroindustrial, entre otros.
Hay dos factores principales que impiden ello. Por una lado el grave problema de la ineficiencia del Estado: demasiados trámites y muy lentos (¿qué fue de la ventanilla única?). El otro es la inseguridad jurídica.
Lo más grave es la inseguridad jurídica, especialmente a partir del gobierno de Pedro Castillo. Durante ese gobierno se produjeron una serie de interrupciones de carreteras de acceso a importantes minas, se han invadido propiedades, se han incendiado instalaciones, se cortó el acceso total al agua por un mes, paralizando sus actividades (Cuajone), con la pasividad del Estado para garantizar el Estado de Derecho. ¿A cuántos se han procesado por esos delitos? ¿Hay alguien que haya sido condenado?
Asimismo, una Primer Ministro anunció que cerraría definitivamente varias minas (arbitrariamente) y no fue destituida por la Presidencia ni censurada por el Congreso de la República, otros ministros alentaron indirectamente las acciones violentas de antimineros. Pero el caso de inseguridad jurídica más grave es el de Tía María. Ese proyecto se inició en el 2003, hace 22 años. Después de un enorme conjunto de trabajos y de trámites, por fin la empresa logra el 9 de julio del 2019 el último requisito legal para poder iniciar su proceso de construcción y, luego, de empezar las operaciones de explotación: la licencia de construcción. Han pasado 6 años y la empresa no puede iniciar la construcción, a pesar de que ya cumplió con toda la “tramitología”. ¿Por qué? La última palabra del gobierno es que eso depende de que la empresa se ponga de acuerdo con los que se oponen al proyecto. ¿En qué parte de la normatividad peruana se indica que no basta de cumplir con lo que el Estado pide para que se inicie una actividad empresarial? ¿El gobierno desconoce el Estado de Derecho y con lo cual no da ninguna seguridad jurídica a las inversiones? Fatalmente eso es lo que está sucediendo.
¿Qué empresa minera va a invertir en un nuevo proyecto si sabe que después de muchos años de trabajos de prospección minera, de realizar todos los trámites para conseguir la licencia de construcción (son más de 200 trámites) y gastar varios millones de dólares en todo ello, al final no puede concretizar el proyecto?
Ello explica porque a pesar de tener una cartera de proyectos mineros de más de 60,000 millones de dólares, los empresarios no tienen la seguridad jurídica de invertir en ellos.
Si desarrolláramos todo el potencial indicado, podríamos, como lo indican prestigiosos economistas, crecer dos dígitos, con lo cual, en menos de dos décadas podríamos llegar a los niveles de los países desarrollados, bajando la pobreza a niveles insignificantes. Lampadia
