Por: Felipe Morris
Perú21, 29 de setiembre de 2020
En los próximos días se iniciará parcialmente la cuarta fase de la apertura de actividades, pero lamentablemente se sigue manteniendo encerrados a los adultos mayores de 65 años. Hace alrededor de un mes escribí al respecto, indicando que era una prohibición claramente inconstitucional ya que contraviene lo que la Constitución indica sobre los derechos fundamentales de las personas que no pueden ser discriminadas por ningún motivo.
La Defensoría del Pueblo debería tomar cartas en el asunto y proteger los derechos de los ciudadanos mayores que están siendo afectados absurdamente por un gobierno que una vez más demuestra sus limitaciones. Se permite a los adultos mayores ir a comprar a los mercados o a las farmacias, a cobrar bonos en los bancos, a usar transporte público, o a ir al trabajo firmando una declaración jurada, pero no pueden salir a caminar, a hacer ejercicio o ir a sus clubes y a otros locales donde se respetan los protocolos y los riesgos de contagio son menores.
El Gobierno debería revisar estas restricciones al libre movimiento de los adultos mayores, y en caso de que insista en mantenerlas, al menos debería ampliar las actividades permitidas, añadiendo aquellas que no implican un mayor riesgo de contagios, como por ejemplo salir a caminar, a hacer ejercicio o asistir a los clubes. Me sorprende que nadie en la prensa ni ningún político se haya quejado de esta discriminación que, además, no tiene ningún sustento científico.
¿Los mayores presentan cuadros más graves de COVID-19 por su edad o por tener comorbilidades? No hay ningún estudio que demuestre que la edad es un mayor determinante que las comorbilidades en los casos graves. ¿Conocemos el porcentaje de personas mayores de 65 que fallecieron por COVID-19 que estaban sanas y no tenían otros problemas de salud? Ni siquiera nos pueden dar cifras precisas de fallecidos por el virus. No hay bases científicas para esta prohibición ni para su eficacia, lo que podría justificar la prohibición de alguna manera.
Restricciones de este tipo no existen en ningún país en este momento, y los que las implementaron las eliminaron por la presión pública o porque los tribunales de justicia las declararon ilegales. Cada uno debería ser responsable de tomar sus precauciones, de cuidarse y de decidir si sale o no, dentro de normas de aplicación general que dicte el gobierno. Ojalá el gobierno tome conciencia del daño que está infligiendo a los adultos mayores que ya llevan más de seis meses en cuarentena y ajuste la norma.
