El Tribunal Constitucional ha emitido una resolución de escándalo, referida a la nivelación de sueldos en el Poder Judicial. El TC existe para impedir las infracciones contra el orden constitucional y esta sentencia, más bien, lo convierte en el más solemne infractor.
El TC fue requerido por el Ejecutivo para establecer quién tiene la competencia de modificar el presupuesto de la República. El Poder Judicial, mediante una resolución administrativa, resolvió nivelar las remuneraciones de los jueces.
Tal resolución implica, obviamente, “transferir recursos adicionales del Tesoro Público”. Para el Poder Judicial, el derecho a una remuneración digna está por encima del orden constitucional que señala cómo se dispone de los recursos del público.
Si aceptáramos el supuesto, el Poder Judicial tendría el increíble poder de obligar al Ejecutivo y al Congreso a incluir dineros no aprobados en la ley de presupuesto. Como se trata de recursos del público, nadie tiene ese derecho y se dispone de ese dinero a través de los procedimientos establecidos por la ley.
La ley en cuestión es el presupuesto. El Poder Judicial no cree en el mandato de esa ley. Cree que él está por encima de la ley.
El TC debería haber resuelto si el Poder Judicial era competente para disponer de recursos del Tesoro, aunque no figuren en el presupuesto. Sin embargo, el tribunal ha ido más allá.
El TC dice que los jueces tienen derecho a una remuneración equitativa y suficiente. Y en esta misma vena política, señala que “han transcurrido más de 20 años y hasta la fecha los jueces no perciben la remuneración que por ley les corresponde”.
Estos magistrados deberían hacer su partido político y lanzarse con estas banderas a las elecciones. ¿Dónde quedó el tribunal que debía resolver la causa interpuesta? ¡Se sumaron a la huelga!
El TC, además, dispone utilizar la reserva de contingencia para atender el pliego salarial de los jueces. Dice que eso es legítimo porque el Ejecutivo reconocía en un ¡proyecto! de ley que se debía destinar 87 millones de soles a la homologación.
Nunca se aprobó tal proyecto y por eso los 87 millones no figuran en el presupuesto. La solución del TC es tomar el dinero de la reserva de contingencia, aunque este no sea un caso de contingencia. O sea, el TC ¡quiere legalizar la malversación!
El TC ordena al Poder Ejecutivo “disponiendo lo que fuere conveniente a través de las carteras comprometidas, para que el proceso de nivelación se ejecute inmediatamente”. O sea, la destrucción de los cauces constitucionales en el manejo del dinero público… ¡por el Tribunal Constitucional!
Lo que propone el TC es una dictadura sindical de los magistrados, y ellos se ponen a la cabeza.
El Poder Judicial dispone que se destine dinero a sus aumentos. El TC sostiene que eso no vulnera la competencia del Ejecutivo en las tareas de hacienda, y le ordena disponer de los fondos.
Es un sabotaje contra el orden constitucional.
Publicado en El Comercio, 14 de diciembre de 2013
