Por Federico Salazar
(El Comercio, 23 de Mayo de 2015)
El dirigente Pepe Julio Gutiérrez organizó la toma de carreteras en el año 2010. Fue hallado culpable y obtuvo una sentencia de prisión suspendida en el 2014.
La fiscalía pretendía que se le variara la prisión suspendida. Sobre todo, a la luz de nuevos hechos relacionados al sentenciado. La jueza Janett Lastra Ramírez denegó dicho pedido.
La resolución de la jueza se conoció poco antes de unos audios que revelan la catadura moral del dirigente. Hubo quienes pensaron que una sentencia tan benigna merecía una investigación, a la luz de las nuevas evidencias.
La jueza ha declarado que no recibió ninguna coima. Ha dicho, además, que denunciará por difamación al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Justicia, entre otros.
Sorprende la falta de ecuanimidad de la jueza Lastra. Ninguno de los funcionarios mencionados ha hecho una imputación directa contra ella.
La jueza ha declarado que no recibió coima, que es honorable y que lo que heredará a sus hijos es un buen nombre.
La jueza es mencionada en uno de los audios de Pepe Julio Gutiérrez. El benignamente sentenciado Gutiérrez señala que ya habló con la jueza y que ha hecho un depósito.
El depósito puede ser el de ley, relacionado al proceso. Y la conversación con la jueza pudo estar referida a las pretensiones de la fiscalía.
Luego de escucharse a Pepe Julio Gutiérrez extorsionar a un abogado vinculado a la empresa Southern, ¿es imposible imaginar un escenario de soborno de parte de él?
De esa posibilidad, por supuesto, no puede saltarse a una afirmación sobre la conducta de la jueza. Sin embargo, ningún ministro, que se sepa, ha hecho tal acusación.
A lo más se ha dicho que en la liberación de Gutiérrez «habría hechos delictivos que vincularían al Poder Judicial».
Llama la atención, por ello, la hipersensibilidad de la jueza. Sobre todo, a la luz de su extrema benevolencia. Sentido benevolente con el que benefició a sujeto venal, como Gutiérrez.
La magistrada sostiene que no recibió ningún pago. Las autoridades de control, sin embargo, tienen derecho a investigar. Un magistrado ecuánime y seguro de su posición no tendría por qué hacerse el ofendido. Aceptaría tal situación como consecuencia de su independencia.
La jueza Lastra puede estar segura de no haber incurrido en soborno. Pero, lamentablemente, no puede estar tan segura de haber impartido justicia.
Los jueces no solo deben ser «honorables»; deben ser, sobre todo, justos. La justicia quiere decir atribuir responsabilidades en proporción a los daños causados. La jueza Lastra no ha sido justa. No importa la motivación. Importa el tenor de su resolución.
La jueza Lastra aceptó una reunión con Gutiérrez. En esta el sentenciado dijo que empezaría a pagar la reparación civil (del 2010). Tendría así un argumento formal contra el pedido de revocación de su libertad.
¿Así se restablece la justicia?
La jueza podrá dejar a sus hijos la herencia de su honorabilidad. No dejará, sin embargo, un legado de justicia y ecuanimidad.
