A propósito del paro en Machupicchu
Fausto Salinas Lovón
Cusco
Los conflictos sociales que se desatan a diario en nuestro país, requieren mucha atención. Lampadia ha llamado la atención acerca de las graves consecuencia del emprendedurismo destructivo que hay detrás de los mismos y su rentabilidad, particularmente de los conflictos mineros. En esta misma línea de preocupación, creemos que es necesario un enfoque adicional.
La lectura oficial de las instituciones del Estado, en particular de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina de Conflictos de la PCM, emplea el lenguaje “políticamente correcto” y se refiere a ellos, en la mayoría de los casos, como “reclamos insatisfechos”, “demandas no atendidas por las entidades del Estado o los inversionistas”, “problemas ambientales irresueltos”, “ausencia de licencia social”. En ciertos casos, estas entidades, acogiendo reportes de inteligencia, llegan a identificar “intereses políticos subyacentes” o “intereses particulares”.
La lectura que los políticos tienen de estos conflictos se hace también en códigos “políticamente correctos” y va desde considerar la “legitimidad de las reivindicaciones sociales frente a los abusos de las industrias extractivas” en la izquierda, hasta la “infiltración subversiva y la desestabilización de agentes internacionales”, en la derecha, pasando por posiciones intermedias como la del actual gobierno que buscan justificar la posición violentista y cuestionar aspectos de la actividad empresarial sin condenar naturalmente las actividades extractivas y ensalzando al contrario su importancia para el país, en un eclecticismo incierto que da pésimas señales, ha desalentado la moral policial y ha dejado abierta la puerta para que sucedan saqueos e incendios como en producido a la minera Anabi la semana pasada en Chumbivilcas.
Sin embargo, pocas lecturas[i] que buscan entender los conflictos sociales salen del marco de lo políticamente correcto y denuncian que los conflictos sociales, ante todo y por encima de sus poderosos propósitos ideológicos y políticos, son un negocio y que la rentabilidad de los mismos es, en muchos casos, el factor más importante para su proliferación a escala nacional, regional, local o barrial.
Si señores, hay quienes ganan y mucho con los conflictos sociales y a aquellos que ganan con ellos, lo último que les importa es que el conflicto termine. La pervivencia del conflicto per se es como el mantenimiento del negocio, es como la preservación de la gallina de los huevos de oro.
En los conflictos se gana dinero, en primer lugar porque quienes los alientan reciben financiamiento de todo tipo para alentarlo y mantenerlo, no importa si después ese dinero sirve para adquirir también, muebles de lujo, como ha ocurrido en nuestra historia política reciente. O tiene usted alguna duda de que el gobierno de Venezuela alentó y financió los conflictos sociales en nuestro país desde el gobierno del Presidente Toledo, como lo hizo Cuba décadas atrás? Tiene acaso duda de que Oxfam y otras cándidas entidades de cooperación internacional financiaron a CONACAMI y otros grupos locales en sus protestas contra la actividad minera y los tratados de Libre Comercio? Pueden faltar certezas de que el “lodo de algunas mineras” como lo llama un reciente artículo del NYT, también financie el entorpecimiento de la producción del cobre competidor en esta parte del mundo, sin embargo, hay muchos indicios de que es así y de que esta es otra fuente de financiamiento de los conflictos sociales. Lo cierto es que iniciar conflictos y mantenerlos latentes es una industria millonaria y muy bien rentada para muchos.
Sin embargo, en los conflictos sociales no solo se gana dinero por iniciarlos, sino también en la agenda de los mismos. Si usted es de los que revisa las plataformas de reclamo y evalúa cuantos temas van saliendo de la agenda sin haberse resuelto y como otros, que no tienen nada que hacer, ingresan para sostener la legitimidad del conflicto, podrá llegar fácilmente a la conclusión de que tipo de incentivos se dan para que las agendas sociales sean tan dinámicas y evolutivas.
Naturalmente, la mayor rentabilidad, la mayor ganancia es política y electoral. Con los conflictos se gana presencia política y se construyen carreras políticas. En un sistema partidario como el nuestro, tan precario, con poca militancia e inorgánico, los agentes del conflicto son llamados para las postulaciones ediles, parlamentarias y regionales, consiguen alcandías o pretenden recuperar las que perdieron. Por ello, estarán dispuestos a mantener el conflicto hasta cumplir con su objetivo y la solución de la plataforma de reclamos no es lo relevante, al contrario, es lo que no estarán dispuestos a conseguir. O cree usted que cerrarán el negocio sin haber conseguido sus verdaderas ganancias?.
Es cándida entonces, por no decir limitada, aquella lectura de algunos medios de comunicación, políticos, analistas y consultores que se esfuerzan por encontrar las razones y la justificación de los conflictos, descuidando que los agentes que los provocan tienen una motivación y fines distintos.
Si tiene duda, mire los conflictos de esta semana, evalué lo que pasa en Machupicchu y advierta quienes dirigen los conflictos, que cargos desempeñan o desempeñaron, que cargos buscan desempeñar y como han evolucionado sus plataformas de reclamos, agregando a los temas no resueltos otros que sólo justifican el mantenimiento del conflicto, como el tema del Centro de Visitantes que ningún habitante de Machupicchu en su sano juicio criticaría ya que permitirá ampliar la llegada de turistas, mejorar el acceso a la ciudadela y organizar la visita, todo lo cual beneficiará al pueblo de Aguas Calientes antes que perjudicarlo.
Mientras no tengamos en claro que los conflictos sociales son, antes que nada, un gran negocio para algunos, no podremos enfrentarlos.
[i] Algunas de ellas son:“El falso encanto mediático de los conflictos sociales” de LAMPADIA y en este mismo medio, “El perverso arte de los conflictos sociales” de Carlos Milla Vidal.
