Turismo, construcción, agroindustria y comercio serían los sectores más golpeados
Expreso
2 de abril del 2025
El fin del régimen de compensación de pérdidas de tercera categoría de 2020 amenaza con desatar una de las peores crisis económicas para las pequeñas y medianas empresas del Perú en la última década.
Más de 300,000 empresas en el Perú, de las 600 mil empresas formales que declararon pérdidas entre el 2020 y 2022, estarían en riesgo inminente de quiebra y golpes en empleos formales si no se aprueba y promulga el Proyecto de Ley N.° 9433, que busca extender el plazo de compensación de pérdidas tributarias.
La situación podría traducirse en la pérdida de más de un millón de empleos formales, un golpe catastrófico a la recaudación fiscal y un retroceso en la recuperación económica del país, que pondría en serio peligro la proyección de crecimiento anunciada por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi.
Bomba de tiempo
La actual crisis tiene su origen en el vencimiento del régimen que permitía a las empresas compensar las pérdidas tributarias de tercera categoría generadas en 2020 debido a la pandemia.
Hasta diciembre de 2024, la Ley del Impuesto a la Renta establecía dos opciones para la compensación: un plazo máximo de cuatro años o un descuento del 50% de las rentas futuras sin límite de tiempo. Con el fin de esta medida, miles de empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, quedaron sin la posibilidad de recuperar dichas pérdidas.
La nueva propuesta busca no solo extender el plazo de compensación, sino también incluir las pérdidas de 2021 y 2022, años postpandemia que siguieron afectando la estabilidad financiera de las empresas, considerando también que hoy el sector empresarial vive la pandemia de la criminalidad organizada.
“La pandemia golpeó con fuerza a las mipymes, dejándolas en una crisis financiera”, afirma Julio Surco, presidente de la Asociación Pymes Perú, quien agrega que “la paralización de actividades, la caída del consumo y las restricciones sanitarias afectaron gravemente a pequeños y medianos empresarios”.
Ante este panorama, “muchos empresarios decidieron trasladarse al sector agrícola en busca de oportunidades más rentables”, comenta. “La creciente demanda de productos agrícolas motivaron a muchas pymes a reinventarse en este rubro, alejándose de sectores golpeados como el calzado, las confecciones y la manufactura”, concluye Julio Surco.
Proyecto de Ley evitaría desastre
El Proyecto de Ley N.° 9433 plantea una medida excepcional para evitar esta quiebra masiva de empresas. La norma propone extender hasta el 2032 el plazo de compensación de pérdidas y aumentar el porcentaje de compensación al 75% de las rentas futuras sin límite de años. Establece, además, un tope de S/ 500 millones por contribuyente, asegurando que el beneficio esté enfocado en las Mipymes y no en grandes corporaciones.
Según Edmundo Lizarzaburu, profesor de administración y finanzas de la universidad ESAN, esta medida es clave para la estabilidad del sector: “Sin esta extensión, las empresas podrían entrar en insolvencia, afectando el empleo y la inversión. Con una adecuada recuperación, el país podría alcanzar un crecimiento de 4% o 5%, en lugar del 3.3% proyectado”.
Hebert Campos, líder de una corporación con inversiones en el sector inmobiliario, envolturas para alimentos, belleza, cafeterías y destacado broker de seguros, comenta que sus “clientes transportistas necesitan la aprobación del proyecto de Ley para garantizar sus reservas económicas y poder cumplir con sus impuestos de manera justa y holgada”.
“Los transportistas del interior del país, que son nuestros principales clientes, fueron los mayores afectados en la pandemia y aún les cuesta recuperarse. Esta medida le da un respiro en el impacto tributario, y les permite proyectarse, seguir creciendo e invertir más, incluso en protegernos de la inseguridad, ante la inacción del Estado. El transporte mueve el país y quitarnos este respiro ocasionaría un caos a nivel nacional, afectando otras industrias. Exhorto que se apruebe esta Ley”, concluye Campos.
Más de 1 millón de empleos en riesgo
El impacto de la quiebra de 300,000 empresas no se limitaría al sector privado. Según varios especialistas, la desaparición de estas compañías pondría en riesgo más de un millón de empleos formales.
El problema no es solo la pérdida de empleo directo, sino el golpe que recibirán sectores completos. “En el Perú, más del 80% de las empresas son mipymes, y si no logran estabilizarse, el impacto será devastador. Su quiebre no solo pondrá en riesgo miles de puestos de trabajo, sino que también afectará la cadena de proveedores que sostiene la economía, generando una crisis sistémica con efectos en todos los sectores productivos”, explica Lizarzaburu.
Sectores como Turismo, Comercio, Construcción, Agroindustria y Transporte serían los más afectados. Durante la pandemia, estos rubros sufrieron el mayor impacto debido a restricciones sanitarias y la caída del consumo. Hoy, al no poder compensar sus pérdidas, enfrentan una segunda crisis que podría ser definitiva.
El fantasma de la informalidad
El cierre de empresas no solo afectaría el empleo y la inversión, sino que impulsaría la informalidad. Miles de empresarios que hoy operan dentro del marco legal se verían obligados a reducir sus operaciones y salir del sistema formal para sobrevivir.
Jimmy Romero, politólogo y agroexportador, comenta que “vamos resituándonos en un mercado hiper competitivo, como la agroexportación, pero se cierne sobre los exportadores; que traemos divisas, la sombra de la guerra arancelaria desatada por el gigante del norte. En este contexto sombrío, vemos con mucha esperanza la aprobación del Congreso de esta Ley, que permitiría a los emprendedores que sí pagamos impuestos, a los creadores de la mayor red de empleos formales del país, a los que apuestan por arriesgar sus ahorros para sostener el tejido social de nuestra nación, posponer unos pagos que de otra forma terminarán hundiéndonos definitivamente”.
“De no aprobarse, haría un daño irreparable en casi todos los sectores del tejido empresarial y del empleo formal, abriendo compuertas a la informalidad y el crecimiento de la economía sumergida, y afectando directamente el consumo interno y el ahorro de las familias. De no aprobarse la Ley, no estaremos ante un afán recaudatorio, sino presenciando el colapso del sistema que mayores empleos formales produce a nuestra nación”, advierte Romero.
“Por ello elevamos nuestra demanda a las distintas bancadas del Congreso para que no sepulten al sector privado y prorroguen esta Ley, hasta que podamos recuperarnos de la debacle de la pandemia de COVID y la pandemia de la criminalidad que hoy también vivimos. Queda en sus manos y en sus conciencias pensar en miles de familias que esperan de ustedes un buen gesto en favor de la nación”, concluye.
MEF se contradice: Ejecutivo tendría la última palabra
En medio de esta crisis, el Congreso debatirá hoy o mañana la aprobación del Proyecto de Ley N° 9433. Mientras gremios empresariales y economistas esperan con esperanza su pronta aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mostró resistencia, argumentando que la medida podría afectar la recaudación a corto plazo.
No obstante, expertos han advertido que esta oposición podría agravar la crisis, ya que el proyecto de Ley no implica una condonación de impuestos, sino un mecanismo de diferimiento que permitirá a las empresas recuperarse y seguir contribuyendo en el futuro. Algo muy parecido a las Obras por Impuestos que promueve el ministro Salardi con tanto ímpetu, con la diferencia de que aquí se trata de pequeñas y medianas empresas que viven de su trabajo y del día a día. “Una recuperación adecuada permitirá mayor recaudación en el largo plazo y evitará una crisis de insolvencia masiva”, señaló Lizarzaburu.
Decisión crucial
El Perú se encuentra en una encrucijada. La falta de medidas para aliviar la crisis empresarial podría generar un daño irreparable en el tejido productivo del país. La aprobación del Proyecto de Ley N° 9433 es vista como la única alternativa viable para evitar la quiebra masiva de empresas y garantizar estabilidad económica.
“La esencia de esta propuesta está en restablecer el derecho de las empresas a compensar sus pérdidas tributarias de tercera categoría, ampliando plazos y porcentajes de deducción. No es una condonación, sino un diferimiento inteligente que permite recuperar viabilidad financiera sin sacrificar la recaudación futura del Estado. Un millón de empleos están en juego. Cada empresa que cierra no es solo un número más en las estadísticas. Es una familia que deja de percibir ingresos. Si las empresas sobreviven, tributarán. Si quiebran, no habrá impuestos, ni empleo, ni inversión que sostener. Esta Ley no es un favor. Es una decisión estratégica para proteger la columna vertebral económica del país”, sostiene Leydy Hernández, auditora financiera y socia gerente de Alto Asesores SAC.
El MEF argumenta que la norma es inconstitucional, que la economía ya se ha recuperado y que podría generar una pérdida en la recaudación fiscal. Sin embargo, diversos expertos cuestionan esta postura. Lizarzaburu advierte que el análisis del ministerio ignora el impacto de 2021 y 2022, años en los que miles de empresas aún sufrían las consecuencias de la pandemia, la inestabilidad política y la recesión. “Muchos sectores como Turismo, Agroindustria y Construcción siguen golpeados. Sin esta extensión, miles de empresas podrían desaparecer, afectando el empleo y la inversión”, señala.
El Congreso y el MEF tienen la oportunidad de salvar cientos de miles de negocios y millones de empleos. Es una decisión que marcará el rumbo del país en los próximos años. En las próximas horas, el debate legislativo definirá si el Perú enfrenta una nueva crisis económica o si da un paso hacia la recuperación.
