Declaración Pública
Los abajo firmantes hemos servido a Chile en la conducción de su política exterior bajo distintos gobiernos, y consideramos que no debemos permanecer en silencio ante la cada vez más frecuente difusión de ideas y conceptos que, a nuestro parecer, afectan gravemente el interés nacional del país.
Durante los últimos meses hemos constatado que se repite la afirmación de que Chile revisará sus tratados comerciales y de inversión, como si estos fuesen imposiciones agraviantes del resto del mundo a nuestro país, o bien que impedirían una nueva estrategia de desarrollo, condicionando la capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas destinadas a enfrentar la desigualdad que caracteriza a Chile. Esto es una falacia.
Varios de los tratados que ha suscrito Chile contienen disposiciones sobre PYMES, igualdad de género, derechos laborales, y protección ambiental. Los capítulos sobre regulación ambiental, en su momento, sirvieron para incrementar los estándares nacionales en esta materia, con el propósito de impedir que los países rebajen el cuidado de los ecosistemas para atraer comercio o inversiones. A nuestro juicio, un desarrollo verde es perfectamente compatible con tratados internacionales provistos de protocolos ambientales.
Chile ha basado su prestigio e influencia internacional en el cumplimiento irrestricto de los tratados y acuerdos internacionales. La ambigüedad deliberada con que se emplea el concepto de “revisión” de esos tratados debilita gravemente la inserción internacional de Chile y, por qué no decirlo, su credibilidad ante la comunidad de naciones.
De la misma manera, vemos con preocupación cómo se promueven en el Congreso políticas públicas que desconocen compromisos suscritos libremente por diversos gobiernos, incluidos los de protección de inversiones, los que han sido ratificados en su momento por el Congreso Nacional, y que arriesgan arrastrar al país a una serie de litigios que solo contribuirían a debilitar las condiciones de participación de Chile en el sistema internacional.
Igualmente observamos con gran inquietud las afirmaciones que sugieren suspender los procesos de asociación con regiones de enorme importancia para Chile, como la modernización del acuerdo de asociación con la Unión Europea, en aras de una superación de una “crisis institucional” que supuestamente interrumpe la continuidad del Estado de Chile.
Notamos con igual preocupación que se han introducido, desde algunos sectores, miradas acerca de nuestra relación con países vecinos que no parecen tener conciencia de la necesidad de la cooperación política para abordar retos que no reconocen fronteras, o del valor que para la defensa de nuestros derechos tienen el diálogo y la negociación.
Una ideología soberanista y aislacionista pierde de vista el valor del multilateralismo y la necesidad de que América Latina encuentre sus intereses comunes en un mundo en el que cada día la región parece perder peso. Todos hemos sentido vergüenza contra la violencia desplegada ante inmigrantes en el norte del país y por el discurso xenófobo que se ha instalado en algunos sectores, todo lo cual agrava las inconsistencias en el cumplimiento por las autoridades de protocolos internacionales en materia de migración segura, ordenada y regular suscritos por Chile. Más todavía nos aflige ver denuncias como las aparecidas recientemente en los titulares de prestigiosos medios internacionales sobre la utilización de paraísos fiscales. Estos son momentos que dañan seriamente la imagen del país en el exterior.
Pero que nadie se llame a engaño: nada puede causar más perjuicio a Chile que el incumplimiento de la palabra empeñada. La amenaza de proceder a la revisión o renegociación de tratados ratificados por Chile, y que se encuentran plenamente vigentes, puede traer consecuencias muy graves al país, e introducir nuevos elementos de incertidumbre.
Chile tiene, a través de su historia, un ganado prestigio internacional. Llamamos a las autoridades de gobierno y de oposición, y especialmente a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular, a actuar con responsabilidad, y velar por el interés nacional en lo que se refiere a la política exterior, la que siempre debe entenderse como una política de Estado.
Suscriben esta declaración los Ex Cancilleres:
Soledad Alvear Valenzuela Mariano Fernández Amunátegui Carlos Figueroa Serrano Alejandro Foxley Rioseco
José Miguel Insulza Salinas Heraldo Muñoz Valenzuela Juan Gabriel Valdés Soublette Ignacio Walker Prieto.
Santiago, 11 de octubre de 2021
