Evans Avendaño
El Comercio, 5 de junio del 2024
“Si una empresa privada fracasa, quiebra, mientras que si una empresa pública no logra sus objetivos, se mantiene o se expande a costa de los recursos captados del sector privado vía impuestos”, escribe el Gerente general de Aeropuertos del Perú, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de ACI-LAC y miembro de Es Hoy.
Aeropuertos del Perú asumió la concesión en el 2006. Durante los diez años previos a la concesión, bajo la administración pública, la tasa de crecimiento anual de pasajeros fue negativa en -0,2%. Desde el inicio de la concesión hasta el2019, dicha tasa de crecimiento fue de 12,6% promedio anual. A la fecha se han invertido US$376 millones que sustentaron el crecimiento de pasajeros y se tienen a futuro planes de inversión que superan los US$1.600 millones.
Como hechos de importancia podemos resaltar que en el 2007 se reestableció la operatividad del aeropuerto de Iquitos, cerrado por problemas de control aviario; en el 2015 se rehabilitó la pista de Talara reiniciando así operaciones; y en julio del presente año Huaraz recibirá por primera vez un vuelo regular comercial.
Existe casuística sobre los resultados generados cuando el Estado tiene la propiedad de algunos medios de producción o servicios. Poco se conoce sobre el trabajo pionero realizado por James Buchanan sobre la “Teoría de la Elección Pública” que estudia los incentivos e intereses propios de los funcionarios públicos al momento de tomar decisiones.
Esta teoría desarrolla las divergencias de incentivos existentes entre el sector público y privado, las cuales justifican finalmente los roles que cada uno debería tener dentro de un sistema económico.
En mercados competitivos, las potenciales ganancias incentivan a los empresarios a ser más eficientes al manejar sus recursos. Si la empresa fracasa en este entorno, son los accionistas quienes asumen el riesgo de perder el capital invertido. En contraposición, si una empresa pública, dirigida por funcionarios públicos, fracasa o no genera los ingresos necesarios para ser autosostenible, no son los funcionarios públicos quienes asumen las pérdidas sino los contribuyentes. Es decir, los funcionarios carecen de la disciplina que impone el mercado para tomar decisiones basadas en un cálculo económico racional que considera costos y beneficios.
Esta separación entre costos y beneficios que enfrentan las empresas públicas va en detrimento de la asignación eficiente de recursos en la economía ya que, sin la disciplina del mercado aplicada al sector público, no hay cálculo económico posible. Ergo, nace una regla general: si una empresa privada fracasa, quiebra, mientras que si una empresa pública no logra sus objetivos, se mantiene o se expande a costa de los recursos captados del sector privado vía impuestos. ¿Suena familiar?
Asimismo, las decisiones en el sector público suelen ser de corto plazo asociadas al ciclo político, priorizando, en muchos casos, la obtención de votos o rédito político en lugar de decisiones con visión de largo plazo.
Al ser estos los criterios de decisión, las tasas de capitalización de un país suelen ser menores a diferencia de las tasas de capitalización que se obtendrían bajo decisiones del sector privado, cuyo horizonte de inversión sí es de largo plazo bajo un entorno de estabilidad económica y jurídica.
Distintos incentivos generan distintos resultados.
