El año pasado la minería ilegal destruyó 1.973 hectáreas de la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata. Para que se haga una idea del tamaño de lo que estamos hablando, esto es, más o menos, unas 3.000 veces el Estadio Nacional.
Ahora, tampoco es que haya por qué sorprenderse tanto. Para empezar, porque no hay policías suficientes para controlar a estos delincuentes: de los 500 efectivos que el año pasado se asignaron a esta área para perseguir a la minería ilegal, por alguna razón, hoy solo quedan 80. Un número que le debe provocar ataques de risa a las 30.700 personas dedicadas a estas actividades ilícitas en la zona.
Pero espere. No crea que ese es el único problema. Resulta que desde hace un par de años la fiscalía ambiental de Puerto Maldonado, a pesar de manejar más de 2.500 casos, solo cuenta con un fiscal especializado y un adjunto. O sea, incluso si por un milagro se atrapase a los ilegales, no habría funcionarios suficientes para denunciarlos y procesarlos.
Y ahí no acaba la cosa. El Estado tampoco es eficiente para controlar los insumos que utilizan los mineros ilegales. Se estima que ellos compran el 85% del diésel que se vende en Madre de Dios.
La situación de esta zona del país no es muy distinta en otras también azotadas por la minería ilegal. Y uno esperaría, ahora que el gobierno le ha declarado (por segunda o tercera vez, ya es difícil llevar la cuenta) la guerra a la minería ilegal, que envíe toda la fuerza pública que se requiere en esos lugares. Pero lo que se viene evaluando es algo distinto: enviar al Banco de la Nación. Así como lo escucha.
La idea es que el Estado les garantice a los mineros ilegales la compra de su producción si empiezan un proceso de formalización, incentivándolos así a operar dentro de la ley.
Lo que me sorprende es que el mismo Estado que no cuenta con la logística para poner comisarías y fiscalías en las zonas de minería ilegal crea que sí va a lograr que en esos alejados lugares operen exitosamente agencias del Banco de la Nación. Y aunque pudiese instalarlas, ¿quién las vigilaría si hay una absoluta incapacidad de mantener efectivos en la zona?
Además, según un estudio del año pasado de Macroconsult, más del 22% del oro que sale al exterior (alrededor de US$1.800 millones) sería ilegal. ¿Qué parte del presupuesto público se reduciría para financiar esta compra?
Por otro lado, para que le haga sentido al minero ilegal venderle al Estado, este último tendría que pagar un precio más alto que el que paga el mercado negro (sumándole al mismo todos los costos tributarios, laborales y regulatorios de operar bajo la ley). ¿Qué se haría después con ese oro? ¿Cómo se colocaría en el mercado a un precio aun más alto que el anterior para no tener pérdidas? A mí esto me suena a un pésimo negocio para los contribuyentes que financiaríamos la operación (más aun cuando las empresas estatales históricamente han sido expertas en desperdiciar fondos públicos). Incluso, con tanto dinero en juego y teniendo que tratar con personas habituadas a violar la ley y hasta a hacer negocios con los narcos, no sorprendería que el banco terminase implosionando por casos de corrupción.
No seamos ilusos. Es difícil encontrar una salida al problema de la minería ilegal. Pero la solución no es convertirla en la nueva socia del Banco de la Nación.
Publicado en El Comercio, 26 de setiembre de 2013
