La ley universitaria debe ser lo peor que ha sacado el Congreso durante este gobierno. En unos años la miraremos con vergüenza, como hoy vemos la reforma agraria o las políticas monetarias hiperinflacionarias de los ochenta.
Lo que más me impresiona, sin embargo, es que el cómplice del Congreso haya sido el gobierno. Y es que no entiendo cómo este último puede rasgarse las vestiduras en nombre de la inversión privada, la desburocratización y el crecimiento y, paralelamente, apoyar una ley que somete a la educación y a quienes quieren invertir en ella a la más amplia arbitrariedad estatal.
Este gobierno, para mal de todos, sufre de doble personalidad. El Dr. Ollanta Jeckyll repite hasta el cansancio que quiere más inversión y crecimiento. Pero, de rato en rato, parece que toma el suero de la Gran Transformación y se transforma en Mr. Humala Hyde, un sujeto estatizador que de a pocos arruina nuestra economía.
A los hechos me remito. El partido del presidente intentó que ENAPU fuese socia de las nuevas concesiones portuarias y que PETROPERU lo fuese en la explotación de nuevos pozos petroleros. En el mercado de las telecomunicaciones, cuando se renovó el contrato con Telefónica, se estableció que el gobierno puede pedirle arbitrariamente cualquier requisito que no esté en la ley a las empresas para renovar su concesión. En el agro aprobó la moratoria de los transgénicos. Para la industria alimenticia pasó la ley de comida chatarra. En la industria del ‘retail’ el Ministerio del Interior empezó a exigir a las empresas que le pidan permiso antes de hacer cualquier promoción comercial. En el mercado crediticio el gobierno ha aumentado la participación del Banco de la Nación y Agrobanco. Promulgó también una ley que restringe la libertad de contratar en el mercado de seguros. Asimismo, dio una norma antielusión que permite que la Sunat cobre discrecionalmente a los ciudadanos en supuestos donde no existe claramente una obligación tributaria. En minería ha creado un “aporte por regulación” (que no es más que un inconstitucional impuesto encubierto) para seguir exprimiendo a la vaca lechera. Se le ocurrió, asimismo, promulgar una norma de seguridad y salud en el trabajo que multiplica los costos que tienen que asumir muchas empresas para contratar trabajadores. Decidió obligar, por otra parte, a todas las empresas con ingresos mayores a S/.11 millones a auditar sus estados financieros, haciéndolas así asumir un costo inútil (pues esa obligación solo tiene sentido para el caso de empresas que cotizan en bolsa y hacen pública su información). En el tema ambiental, estableció estándares de calidad del aire que no existen ni en los países avanzados con regulación más restrictiva, limitando así la inversión en refinerías. Por resolución ministerial ha impuesto estándares de diseño de los locales de educación inicial que impide que entren nuevas instituciones al mercado. Y así podemos seguir en casi todos los sectores, pues este gobierno parece decidido a bañar de intervencionismo toda actividad empresarial.
Encima, cada cierto tiempo a Humala se le escapa lo que él realmente quisiera que fuese la política económica. Como, por ejemplo, cuando en mayo lo tuvimos en Talara hablando en contra de las privatizaciones y rescatando frases de Velasco para sostener que la inversión en la refinería (que hasta ahora no se demuestra que sea rentable) es una cuestión de “dignidad nacional”.
Quienes creen que Castilla manda en el Gabinete se equivocan. Quizá manda en el discurso. Pero en los hechos este es el gobierno más intervencionista que hemos tenido desde los ochenta. Y quien da los golpes de timón más fuerte es Mr. Hyde.
