Por: Enrique Ghersi
Correo, 27 de junio de 2021
Luego de ocho años, y justo en medio de una crisis política que causa estragos en el país, el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima declaró nulo el contrato de compraventa con el cual la Empresa Editora El Comercio S.A. adquirió las acciones de la Empresa Periodística Nacional S.A. (Epensa) y Alfa-Beta Sistemas S.A. – ABS. El abogado Enrique Ghersi, defensor legal de la familia Agois Banchero, explica los detalles de un fallo que carecería de fundamentos.
¿Este fallo encaja de alguna manera en el marco jurídico?
Es un fallo claramente inconstitucional e ilegal porque viola la libertad de contratación. En el momento que se realizó la contratación, en el 2013, tanto la familia Agois Bachero como la familia Miro Quesada no tenían ninguna restricción legal ni constitucional para llevar a cabo la operación. De manera que pretender aplicar criterios extra legales, políticos como hace el doctor Macedo Cuenca, del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, a una operación que tiene 8 años de antigüedad, es una decisión absolutamente equivocada.
Se ha barajado la figura del monopolio o parecidos. ¿Esto tiene sustento?
¿En qué se basa el fallo?
La sentencia del juez Macedo Cuenca es absurda porque tiene considerandos donde reconoce expresamente que no existe prohibición constitucional para la operación, pero luego hace una interpretación jalada de los cabellos. Se basa en opiniones consultivas sobre otros temas, por ejemplo la colegiatura obligatoria de periodistas en Costa Rica, que fue declarada ilegal. Pretende extender esas resoluciones de la Corte Interamericana para señalar que hay principios generales que se estarían afectados en el Perú por compra de Epensa. En segundo lugar, la operación de Epensa no restringió la competencia. Aumento la competencia. Hay más competencia hoy en día que en el 2013. El fallo es anti histórico, va en contra de la tecnología, desconoce la realidad. Es inconstitucional porque afecta los derechos de libre contratación, libre asociación y el derecho de propiedad, tanto de la familia Agois Banchero que vendió (Epensa), como de los Miro Quesada, que compraron.
¿En qué plazo se presentará una apelación?
En el trascurso de la próxima semana. Entre el jueves y viernes la estamos presentando, dentro del plazo legal. Estamos seguros de que la apelación será declarada fundada por la Corte Superior de Lima, porque el fallo de Macedo Cuenca es ilegal.
¿Cuánto tardará la resolución de la apelación?
Según la ley, el plazo es más corto, pero en tiempos de pandemia todo es más complicado. Calculo que en 4 a 6 meses debería estar resolviendo la Corte Superior de Lima.
¿Si la apelación es rechazada, cuál es el camino a seguir?
Es un fallo inejecutable. Porque las empresas son entidades vivas, y en los últimos 8 años han habido liquidaciones, compra y venta de activos. Se hace absolutamente imposible lo que pretende la sentencia. Se ha producido algo llamado “sustracción de la materia”, porque las empresas que se compraron en su momento ya no existen y las que operan los medios son otras. Hubo tal cantidad de transferencia de activos, aumento de capital, aporte de capital, que lo que pide Macedo Cenca es inejecutable, es una sentencia política, injusta e inejecutable.
¿Cuál es el trasfondo de la sentencia?
El juzgado busca dos cosas: ordena que Epensa regrese a los Agois Banchero y que los Miro Quesada “desinviertan”. Es decir, que todo lo que han invertido en Epensa, se lo lleven y eso es imposible. El fallo del juez es absurdo, no solo por ser inconstitucional, sino porque es absurdo económicamente. El fallo es inconstitucional, ilegal e imposible de ejecutar. Simplemente la realidad económica ha ido más allá del 2013. Las empresas son entidades vivas, es imposible la ejecución del fallo.
El fallo es inconstitucional porque afecta los derechos de libre contratación, libre asociación y de propiedad.
Enrique Ghersi Silva
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En noviembre de 2011 recibió el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales en la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) por “su dedicación y entrega a la noble causa de la libertad y al imperio de la razón”.
