Enrique Ferrand
Abogado
Para Lampadia
Durante años el Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo ha informado que el principal tipo de conflicto en el país era el minero-formal de carácter socio-ambiental. Como si el sector minero no tuviese la voluntad o la capacidad de dejar de ser una caldera.
Así, en el periodo 2020-2023, el porcentaje de los conflictos mineros sobre el total de conflictos estaba en niveles alarmantes del 40%. Sorpresivamente, en el 2024 esto cambió a la baja: se inició el año con 86 conflictos minero-formales y se terminó con 56.
En un solo año 30 menos; es decir, como si de cada 3 conflictos mineros se hubiese retirado 1 del Reporte. Una reducción que ni por asomo había sucedido antes. De este modo, al cierre del 2024, el nivel de conflictos mineros era sustancialmente menor con un 29% sobre el total de conflictos (196).
¿Qué explicación tiene este vertiginoso descenso en el número de conflictos minero-formales? La respuesta no está en el terreno de los hechos: allí, el Estado mantiene la inacción en su labor de reducir las brechas sociales, mientras que las empresas mineras y las comunidades siguen negociado su relacionamiento, con sus altas y sus bajas, en un espacio difícil donde la ley, muchas veces, es aparente.
La respuesta está en la gestión del Reporte mismo.
Y es que en enero del 2024 hubo cambios en la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, la cual lo elabora. Críticas a la gestión del reporte venían advirtiendo que era selectivo en registrar conflictos minero-formales y que debía revisarse la metodología para conocer la magnitud real de la conflictividad del sector. En esa línea, su nueva gestión ha justificado como una principal razón para este masivo retiro de conflictos mineros el transcurso del tiempo sin haberse registrado en ellos interacción de las partes ni nuevos hechos (medidas de protesta o pedidos de intervención). Sobre esto, vale subrayar que no se conoce de comunidades que hayan reclamado sobre los retiros.
En conclusión, ha quedado evidenciado que en el Reporte ha habido mucho aire al mantener conflictos minero-formales que habían dejado de existir o, posiblemente, se hayan estado también registrado demandas que no revestían el carácter de conflictos.
Que el Reporte haya sobredimensionado la conflictividad minera-formal ha resultado en transmitir la errada percepción en la opinión pública que el sector minero, en general, era una caldera que no gestionaba adecuadamente sus procesos de relacionamiento social y que no terminaba de controlar sus impactos ambientales.
Si bien hoy, los conflictos minero-formales siguen teniendo una presencia principal (que tiene parte de su explicación en la ausencia del Estado en su rol redistributivo), la nueva gestión del Reporte parece ser que tiene una mirada más equilibrada de la conflictividad en los sectores privado y público.
Así, el Reporte ahora visualiza con mayor voluntad los conflictos en los que el gobierno nacional, regional y local son parte. Durante el periodo 2020-2023 el porcentaje de los conflictos de gobierno sobre el total de conflictos sociales estaba en niveles del 18%. Al cierre del 2024, subió al 29% con 56 conflictos, igual nivel que los conflictos minero-formales.
La Defensoría debe ser sólida y transparente en la metodología que utiliza en el Reporte no solamente para el seguimiento adecuado de la conflictividad sino para evitar que su información pueda ser objetada de parcializada políticamente; sobre todo respecto al sector minero que suele ser parte del debate ideológico; especialmente en épocas electorales como la que se avecina. Lampadia
