El agua es actualmente la principal fuente de conflictos sociales y regionales en el Perú.
Aun cuando en la última década se han hecho importantes esfuerzos por aumentar la cobertura del servicio de agua potable para la población, todavía uno de cada diez peruanos no dispone del líquido elemento en las zonas urbanas y cuatro de cada diez peruanos en zonas rurales tampoco disponen de servicios de agua y saneamiento. Solo en Lima y Callao más de un millón de habitantes no disponen de agua potable, de manera que hay todavía mucho trabajo por hacer en el ámbito de la cobertura.
Sin embargo, el problema no queda ahí. La calidad de los servicios de agua y saneamiento deja mucho que desear en muchas ciudades del Perú y en la propia Lima. Varios distritos de la capital de la república tienen agua por horas, en Talara y Sullana solo se dispone de diez horas de agua por día, en Nazca solo son cuatro horas diarias y en Pasco apenas se dispone de dos horas diarias de agua.
De otro lado, se pierde mucha agua potable “en el camino”, por redes de distribución secundaria obsoletas o sin mantenimiento, por pérdidas diarias en las casas o por falta de sistemas de micromedición. El problema se complica porque las tarifas vigentes por metro cúbico no cubren los costos operativos y los pobres pagan muchas veces más por el agua en cisternas que contratan.
El tema es aún más complicado con el tratamiento (o inexistencia de tratamiento) de los desagües en las ciudades. Por primera vez en su historia, la ciudad de Lima podrá tratar casi el 100% de los desagües que diariamente produce con el funcionamiento simultáneo de las plantas (PTAR) de La Taboada en el Callao y La Chira en Chorrillos. Sin embargo, importantes ciudades del interior del país no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales o –si las tienen- no están operativas o están funcionando inadecuadamente.
El déficit de infraestructura en agua y saneamiento se estima en más de 53,000 millones de soles y -solo en Lima- el déficit supera los S/. 3,000 millones. Este déficit tiene que ser atenuado priorizando la inversión pública y promoviendo las asociaciones público-privadas que generen mayor inversión y tarifas más competitivas en el sector. La propia legislación del canon debería modificarse para exigir a regiones y municipios que la primera prioridad en obras de infraestructura a financiar deben ser los proyectos de agua y desagüe.
Los conflictos del agua no solo se refieren al agua para uso doméstico, sino también al agua disponible para la agricultura. Ahí están los conflictos entre Arequipa y Moquegua, entre Áncash y La Libertad, en Cajamarca, en Ica. Es necesario afrontar esta problemática con decisión, pero también con soluciones que atiendan las preocupaciones de la población. Frente a los problemas del cambio climático y el deshielo de nevados, se deben promover inversiones en reservorios de agua en las alturas, en el cuidado permanente de las cuencas, en el desarrollo de proyectos de traslado de agua de la fuente del Atlántico a la costa del Pacífico, en el pago por servicios ambientales en las zonas urbanas, plantas de tratamiento de aguas residuales y reúso, así como en el fortalecimiento de la gestión de las empresas de agua y saneamiento en el país.
Así como pusimos el énfasis en el programa Agua para Todos, ahora corresponde priorizar el programa Agua para Siempre que incluya todos estos aspectos.
