Elmer Cuba
Gestión, 14 de noviembre del 2025
El próximo Poder Ejecutivo tendrá que aumentar la presión tributaria, básicamente enfrentando a los evasores, sin alterar las tasas impositivas actuales.
Hace poco el Consejo Fiscal (CF) ha manifestado «su profunda preocupación por la proliferación de leyes con significativos impactos negativos sobre las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo; y por las severas consecuencias adversas que esta situación tendría sobre la sostenibilidad fiscal del país. El CF considera que se está poniendo en grave riesgo la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública, pilares fundamentales del crecimiento y del progreso macroeconómico alcanzado por el Perú en las últimas décadas».
La política fiscal -como un todo- ha sido central para el equilibrio macroeconómico en los últimos 30 años. Una política fiscal óptima tiene varios requisitos.
Primero, tiene que existir solvencia fiscal. Es decir, se debe poder servir la deuda pública a tasas relativamente bajas y gozar de credibilidad ante sus acreedores. Lo que se llama tener espacio fiscal.
Segundo, se requiere recaudar de la manera menos invasiva posible ante las decisiones económicas de los agentes, sean empresas o personas. Es decir, ser lo más neutral posible sin alterar el sistema de precios relativos (salvo en los casos de externalidades).
Tercero, el gasto debe maximizar el bienestar de la sociedad. Cada sol gastado debe hacerse de la mejor manera, para alcanzar diversas metas educativas, de salud, de seguridad ciudadana o de cualquier infraestructura pública.
Cuarto, la política fiscal macroeconómica debe ser contracíclica. Es decir, debe minimizar los ciclos económicos ante cambios en la demanda agregada privada o externa. Esta intervención debe ser transitoria y sin afectar la solvencia fiscal. Los ciclos económicos de este tipo afectan el bienestar, por el principio económico de utilidad marginal decreciente. Ser contracíclico es romper una recesión y luego, cuando la economía vuelve a crecer, se ahorra. Así, no se altera la solvencia fiscal.
La importancia de tener buenas finanzas públicas quedó demostrada en la época del covid. Había espacio fiscal para minimizar los efectos depresivos del cierre (equivocado) de la economía por varios meses. La respuesta fiscal fue notable, de casi 8% del PBI para evitar una gran depresión en el año 2020. También se contó con la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), que puso su hoja de balance para el programa Reactiva y así evitar el colapso de las cadenas de pagos.
Lamentablemente en el 2021, los peruanos elegimos al Congreso más populista de las últimas décadas. Tanto de izquierda como de derecha. Así, se han venido aprobando normas que van a incrementar el gasto público, algo que el Congreso no está facultado de hacer.
El Tribunal Constitucional (TC) también ha colaborado con el debilitamiento de la solvencia fiscal. Ellos aducen que solamente está prohibido aumentar el gasto corriente, pero no el gasto futuro. Esto es para reír, mover la cabeza y tomarse la frente.
Es como que una familia, que todos los años gasta todo lo que gana, decida -en octubre que a partir de enero va a contratar a una empleada doméstica adicional, va a alquilar un departamento más caro y cambiar el auto por un más nuevo y todo ello con el mismo ingreso familiar. Claro, no es gasto del año corriente así que no hay problema.
Es una lástima que el TC pueda haber cometido tal desatino. El equilibrio presupuestal es intertemporal, la solvencia fiscal es un concepto intertemporal. Ese es el sentido de la Constitución, que se ha venido respetando en los últimos 30 años. Y es la base misma del modelo económico, junto con la independencia del BCR, el rol del estado y la libertad empresarial.
Es lamentable que los representantes de los ciudadanos hayan caído en esas tentaciones populistas, en una especie de juego cooperativo negativo, que termina haciendo daño a la solvencia fiscal y con ello a toda la sociedad, al bien común.
Además de cerrar filas con el CF, queda exigir al Congreso que cese de producir ese tipo de normas y que el TC proceda con un nuevo fallo que enmiende el anterior. Algo que esta plenamente facultado de hacer.
Además, el próximo poder ejecutivo tendrá que aumentar la presión tributaria, básicamente enfrentando a los evasores, sin alterar las tasas impositivas actuales.
Cuando un país sufre de un aumento en la percepción de riesgo o entra en insolvencia fiscal, las tasas de interés que pagan las empresas y las personas aumentan de manera importante y hasta se producen costosos procesos de ajuste económico. Lo primero lo hemos observado en Colombia y lo segundo en Argentina y Bolivia. En estos últimos dos países también se ha debilitado a sus bancos centrales, generando un proceso inflacionario explosivo. Parece que este Congreso y este TC quisiesen llevarnos a los 80.
