Por: Elmer Cuba, Economista
El Comercio, 26 de octubre de 2018
El Comercio, 26 de octubre de 2018
Economía informal y empleo informal son dos cosas distintas. Según el INEI, en el 2016 el sector informal producía el 18,4% del PBI, mientras el empleo informal llegaba al 72% de la PEA empleada. Dentro de este porcentaje, el 55% era empleo informal dentro del sector informal y 17% era empleo informal dentro del sector formal.
No es lo mismo ser una empresa informal que tener un empleo informal. En términos operativos, la informalidad empresarial está conformada por empresas no constituidas en sociedades y que no están registradas dentro de la administración tributaria. Mientras que el empleo informal está conformado por trabajadores en empresas informales, sin seguridad social pagada por el empleador, por los trabajadores familiares no remunerados y por el autoempleo.
Es decir, son problemas distintos que necesitan intervenciones distintas. En general, la informalidad empresarial varía de sector en sector, dependiendo de la normatividad sectorial, el grado de cumplimiento de la misma (supervisión y control) y de la naturaleza propia de cada sector (su capacidad de generar utilidades). Hay minería informal, pesca informal, manufactura informal, construcción informal, comercio informal, servicios informales, etc. En el estudio de estas tres causas mencionadas se encuentra también el origen de las políticas públicas dirigidas a reducir la informalidad empresarial.
La informalidad laboral, a su vez, se puede dividir en tres grupos. El informal laboral que trabaja en una empresa formal, el informal que trabaja en una empresa informal y el trabajador independiente (tal vez la escala más baja de la informalidad).
El primer grupo existe por una combinación de rigidez laboral, elevado valor del salario mínimo (sobre todo fuera de Lima), baja productividad laboral y falta de control por parte de la Sunafil. El segundo y tercer grupo son consustanciales a la existencia misma de empresas informales y a la baja productividad laboral. En el estudio de estas causas están también las pistas para el mejor diseño de las políticas públicas para reducir la informalidad laboral.
Dicho sea de paso, un fallo del Tribunal Constitucional elevó los costos de despido y volvió más rígido el mercado laboral donde se desempeñan los trabajadores formales. Esto afectó las modalidades de contratación, en favor de contratos a plazo fijo y en contra de plazos indefinidos. Es decir, un “lío de blancos” para la gran mayoría de los trabajadores peruanos. No obstante, se debe avanzar en este frente, que inhibe una mejor asignación de recursos y frena el crecimiento económico en el sector moderno de la economía, que es el de mayor valor agregado.
Entonces, en términos más analíticos, tanto la informalidad empresarial como la laboral surgen de una combinación de aspectos económicos y legales. En el primer caso, baja capacidad de generar excedentes y normas sectoriales y tributarias solo cumplibles por el sector moderno. En el segundo caso, bajos niveles de capital por trabajador y bajos niveles de capital humano (mano de obra poco calificada) y normas laborales solo alcanzables para trabajadores que perciben un nivel suficiente de ingresos. Suficiente para cumplir las normas: vacaciones, CTS, aportes a Essalud y la jubilación.
En resumen, si recalibrásemos toda la normatividad empresarial, tributaria y laboral vigente podría reducirse en muchos guarismos la informalidad, pero no necesariamente las estructuras económicas subyacentes al problema. Para ello, es imprescindible aumentar la inversión privada y pública (infraestructura) y mejorar la educación. Se requiere un combo de políticas.
Muchas veces la informalidad es una sombra que no permite ver el verdadero problema de baja productividad empresarial y laboral, así como de la productividad total de ambos factores. Si por “arte de magia” desaparecieran “todas” las normas tributarias y laborales, en ese mismo acto desaparecería la informalidad empresarial y laboral. Pero no necesariamente tendríamos mayores niveles de PBI per cápita, ni de valor agregado, ni mayores remuneraciones reales.
Por ejemplo, de los casi 10 millones de trabajadores privados urbanos unos 3 millones son independientes sin RUC. Si por una campaña exitosa todos obtienen su RUC, casi todos estarían dentro del tramo que no paga Impuesto a la Renta. Su salario real no subiría un ápice, pero la informalidad caería del 70% al 40%. No perdamos el foco.
