Por: Elmer Cuba
Gestión, 10 de junio de 2020
En lo que va del año, la economía peruana viene recibiendo cuatro choques que han terminado por afectar severamente su trayectoria esperada hasta febrero. El primero es un choque externo, expresado en una gran recesión mundial. Afortunadamente, los términos de intercambio han caído menos que en choques anteriores (2008-09 y 2014) y no ha ocurrido una salida masiva de capitales.
El choque más fuerte es -sin duda- el confinamiento. Sólo se ha dejado operar a empresas que están en sectores considerados esenciales, como la agricultura, minería,telecomunicaciones, energía, servicios financieros, entre los principales. El resto ha tenido que dejar de operar. A esto se le conoce como un choque de oferta.
Ello ha provocado un corte de los flujos entre los mercados de bienes, los mercados laborales y los crediticios. Allí, las autoridades económicas han entrado a tallar con programas de alivio financiero para evitar un mayor deterioro de la cadena de pagos. A pesar de ello, por la amplitud y duración del confinamiento, habrán algunas quiebras empresariales y pérdidas de empleo.
Un tercer choque es el de demanda. Los consumidores están asustados, sus ingresos han caído y sus empleos se han vuelto inciertos. Una mayoría de empresas no ve razones para ampliar sus capacidades de producción en medio de la recesión. Muchas han visto una reducción en su patrimonio. Es decir, una vez reiniciada la economía, la demanda será menor y se requerirán políticas anti cíclicas, básicamente por el lado fiscal. Hay que guardar recursos para ello.
Un cuarto choque es el que viene del legislativo. Normas tal vez con las mejores intenciones y los peores resultados. Algunos políticos se enfrentan a problemas difíciles sin tomar en cuenta lo que dice la ciencia. En este caso, no nos referimos a AMLO, Bolsonaro o Trump, sino a lo que viene desde la Plaza Bolívar, de espaldas a la ciencia económica.
Mientras tanto, la actividad económica comienza a reiniciarse en cuatro fases. Por temor a una nueva ola de contagios, por desconfianza hacia el sector privado y por desconfianza sobre las propias capacidades estatales.
Aquí regular el transporte público resulta decisivo. En el caso de Lima, se calculan cerca de 30 millones de viajes. Si el aforo de las unidades se reduce -digamos- a la mitad, tenemos que reducir la demanda a la mitad. Es una sobre simplificación. Habría que descontar a los escolares y universitarios. Aumentar la oferta de unidades (de turismo y escolares). Disminuir las horas pico de la demanda. Entendemos que la ATU está en ello.
Sólo desde esta columna sugerimos contratos que garanticen el aforo. Una suerte de subsidio por no llevar pasajeros. Tal vez colocar triángulos de plástico para bloquear asientos o retirar asientos. Todo ello hasta que la vacuna llegue al país, el virus se vaya degenerando hasta hacerse menos letal o alcancemos la inmunidad de la población. Hasta ese entonces, la nueva convivencia exige ese nuevo transporte público.
