Por: Elda Cantú, Internacionalista y periodista
El Comercio, 21 de setiembre de 2018
El mes pasado, de visita por Lima, el ex presidente de Estonia Toomas Hendrik Ilves habló sobre la transformación digital de su país, que desde el 2014 otorga la residencia electrónica a quienes paguen una tasa de 100 euros y quieran domiciliar sus operaciones en esa república báltica. Hoy hay más de 44.000 e-residentes que registran empresas y operaciones que gastan en el país un promedio de 600 euros anuales en servicios de administración y contabilidad (dato curioso: hay 29 solicitantes peruanos), y que gracias a su modelo de ciberseguridad –contrario a lo que algunos desinformados sugieren– no es el equivalente futurista de los antiguos paraísos fiscales de la era analógica.
Taavi Kotka, un joven ingeniero de software, uno de los artífices de este proyecto que adapta lo que en el mundo tecnológico se conoce como SaaS o Software as a Service a la visión de Estonia, concibió el país como un servicio o CaaS (Country as a Service). Una iniciativa atrevida que, aunque llamativa, no es la única del proyecto que digitaliza los servicios públicos para todos los ciudadanos. Ilves calcula que el PBI de Estonia ha crecido un 12% porque un gobierno digital reduce la corrupción y ahorra el tiempo invertido en tareas burocráticas. Kotka, por su parte, ha calculado que si se alcanzan los 10 millones de e-residentes, el país podría dejar de cobrar impuestos a sus 1,3 millones de ciudadanos de carne y hueso.
El ejercicio de mirar hacia otros países para imaginar otras formas de pensar en la propia realidad casi siempre viene interrumpido por una vocecilla –o un coro de ellas en redes sociales– que nos recuerda que aquí no es así, que nuestra realidad es diferente y que un país europeo 30 veces más pequeño que el nuestro no puede enseñarnos otra cosa que una fantasía inalcanzable. Después de todo, el censo de comisarías del 2016 arrojó que en el país solo el 44,7% de las estaciones de policía cuenta con un teléfono fijo propio y operativo, y apenas 55,2% cuenta con al menos una computadora no obsoleta en operación. Dos cifras que ayudan a poner en perspectiva algunas de las propuestas de campaña de los candidatos a la alcaldía que prometen mejorar la seguridad ciudadana con tecnología de reconocimiento facial, cámaras de videovigilancia e inteligencia artificial.
Estas promesas, basadas también en prácticas exitosas en el exterior, recuerdan más bien a las iniciativas que el Gobierno Chino utiliza como parte de su plan para convertirse en una potencia mundial en inteligencia artificial para el 2025. En un reciente ensayo, la periodista Louisa Lim describe así algunas de estas prácticas: “Drones de vigilancia disfrazados de pájaros. Cámaras en las aulas que monitorean a los estudiantes en busca de signos de distracción. Sensores integrados en sombreros que transmiten datos de ondas cerebrales de los trabajadores en la línea de producción, para detectar depresión, ansiedad o ira. Una red de cámaras en aldeas rurales, con el objetivo a largo plazo de convertir cada televisor y teléfono móvil en el campo en una terminal de monitoreo de seguridad […]. Tecnología de punta para transformarse en un estado moderno de vigilancia”.
En el Perú, en donde el sistema de identificación y registro del Reniec lleva ventaja por encima de otras oficinas de gobierno y otros países emergentes, tal vez valdría la pena estudiar el modelo de la India, que concibe la infraestructura digital como un bien público y la data de los ciudadanos como un vehículo para empoderarlos y ayudarlos a recibir más y mejores servicios del Estado, y no solo a convertirlos en sospechosos policiales ni clientes cautivos de la iniciativa privada.
