Por Editorial El Mercurio
El Mercurio, 26 de enero de 2018
Luego de la caída del Muro de Berlín y el desplome de los llamados «socialismos reales», cobró fuerza en Europa la versión socialdemócrata de las doctrinas de izquierda, que en algunos casos se llamó «tercera vía». Ella se caracterizaba por asignar la creación de riqueza a agentes económicos privados actuando en mercados competitivos libres pero regulados, y al Estado el rol de otorgar protección social, en versiones más sofisticadas del Estado de Bienestar que las de las décadas anteriores.
Posteriormente, la gran recesión de 2008 generó reacciones emocionales en contra del capitalismo y de los mercados, al considerárseles como causantes de aquella -una afirmación solo parcialmente cierta-, lo que minó su prestigio. La «indignación» que sentían quienes se manifestaban de esa manera alcanzó también a la izquierda socialdemócrata, por su cercanía con los mercados, y muchos de sus partidarios comenzaron a tomar posturas más radicales, reñidas con esa visión. En la actualidad, ello se refleja en líderes como Corbyn en Inglaterra, Melenchon en Francia y Sanders en EE.UU., o en movimientos como Podemos en España, todos los cuales han alabado las políticas seguidas por Chávez en Venezuela.
En nuestro país, la Nueva Mayoría y, con más fuerza, el Frente Amplio (FA) han desplegado un discurso centrado en la crítica a los agentes privados que crean riqueza siguiendo un afán de beneficio o lucro personal. Propician un Estado activo en lo económico, que «garantice» la protección social de la población por medio de «derechos sociales», en temas como salud, educación y pensiones, cuyo financiamiento provendría de impuestos a los más ricos. Hasta ahora no han explicado qué ocurriría con esos derechos sociales si, como resultado de las propias políticas que ellos quisieran ver impulsadas, no hubiese agentes privados, o si los hubiera, no tuviesen la riqueza suficiente para generar los impuestos necesarios para cubrir esos derechos.
Por su parte, el ex Presidente Lagos -interpretando quizá a la ex Concertación socialdemócrata- hace un llamado a realizar una profunda reflexión respecto de cómo debe efectuarse la protección social de aquí en adelante, de cómo se identifican las vulnerabilidades y quiénes son los que requieren protección frente a ellas, y de cómo estas están siendo modificadas por las nuevas tecnologías que se incorporan a la vida diaria de las personas. Con aquello ha abierto un debate importante, que está recién comenzando.
Al respecto, el Presidente electo Sebastián Piñera procuró transmitir el empeño que su futuro gobierno dará a la protección social al presentar su gabinete. El ministro de Desarrollo Social -cuya cartera también abarcará en el futuro los temas de familia- se incorporará al Comité Político, lo que indica la importancia que dará al tema de la protección social durante su gestión. Su objetivo es otorgar seguridades a los más vulnerables y protección a la emergente clase media ante las vicisitudes a las que se puede ver expuesta.
La diferencia con las posturas de izquierda es que la protección buscada se logra mucho más focalizando el gasto que otorgando «derechos sociales universales». Estos últimos tienden a transformarse en frases vacías si no se cuenta con los recursos necesarios para satisfacerlos, o bien tienden a ahogar judicialmente a la sociedad si la ciudadanía se encarga de hacerlos valer por esa vía.
La protección social, uno de los ejes centrales del debate conceptual en la última campaña presidencial, tiene tanto una componente técnica, necesaria para su efectividad, como una política, que interprete adecuadamente las necesidades de la ciudadanía.
La protección buscada se logra mucho más focalizando el gasto que otorgando «derechos sociales universales». Estos últimos tienden a transformarse en frases vacías si no se cuenta con los recursos necesarios para satisfacerlos.
