Editorial El Comercio
20 de Octubre del 2022
La carta enviada por el Gobierno a la OEA es falaz y constituye uno de los episodios más vergonzosos de esta administración.
Ya lo hemos dicho antes, pero nunca está de más recordarlo. Hasta hace relativamente poco, Torre Tagle era una de las pocas instituciones que prestigiaban el servicio público en nuestro país. Una reputación que se labró durante años y que ha ido dilapidando en cuestión de meses a una velocidad insólita. Por eso, más que indignar, apena verla hoy entregada sin remilgos al servicio del presidente Pedro Castillo y convertida en una caja de resonancia de su discurso de victimización que a estas alturas solo sus más afiebrados seguidores podrían comprarle.
Hace poco más de un año, por ejemplo, sostuvimos en esta página que el Gobierno había demostrado que “siempre puede alcanzar nuevos sótanos de vergüenza”. Ello, a raíz de los fallidos intentos del Ejecutivo por colocar a Richard Rojas (exjefe de campaña de Perú Libre investigado por lavado de activos y sin experiencia diplomática alguna) como embajador del Perú en Panamá y Venezuela. Aquello no fue otra cosa que un intento por sacar del país a una persona a la que la fiscalía le venía siguiendo los pasos para el que cancillería se prestó de manera deplorable. Hoy tenemos que ratificarnos en lo dicho, pues Torre Tagle ha vuelto a prestarse para un acto vergonzoso que quedará en las peores páginas de su historia.
En una misiva enviada una semana atrás, pero conocida recién ayer, a la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente Castillo y su canciller César Landa solicitaron la activación de la Carta Democrática Interamericana para el Perú, apelando a sus artículos 17 y 18, ideados para los casos en los que la democracia en uno de los países de la región se ve amenazada, como suele ocurrir tan frecuentemente en esta parte del mundo. Según el Gobierno, “en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones por parte del Poder Legislativo, del Ministerio Público y de otros órganos constitucionales que […] han configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del Perú, promoviendo las modalidades de golpe de Estado”. Una denuncia que no aguanta el menor análisis… al igual que los argumentos enumerados por el Ejecutivo para sostenerla.
Es cierto que el Perú viene atravesando una crisis política sin precedentes, con un mandatario inmerso en seis investigaciones fiscales por cargos de corrupción y crimen organizado, muchos de cuyos familiares vienen enfrentando también sus propios procesos penales (incluyendo a algunos detenidos y a otros fugados), y un Congreso incapaz de ponerle fin a esta situación. Pero también es verdad que hasta ahora la crisis se ha mantenido dentro del cauce constitucional, que las investigaciones contra el jefe del Estado siguen avanzando a pesar de los escollos puestos por el Gobierno y sus operadores, y que las discusiones legales (como, por ejemplo, aquella en torno de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al Legislativo) se encaminan a resolverse en los foros correspondientes.
Si, por el contrario, existe un actor que ha venido socavando la democracia en nuestro país, ese es el Gobierno. Son Castillo y sus funcionarios, después de todo, los que no han venido respetando la separación de poderes, interfiriendo groseramente en la labor del Ministerio Público y del equipo especial de la policía a través de ardides cada vez más toscos, o dándole largas a la orden del Poder Judicial de reponer al procurador general del Estado, Daniel Soria, en un puesto del que se lo destituyó de manera ilegal. Son ellos los que vienen limitando sistemáticamente la labor de la prensa independiente, a la que el mandatario no solo rehúye, sino que también ahora impide el acceso a conferencias celebradas en Palacio de Gobierno. Son ellos, en fin, los que cargan con serias imputaciones de obstaculización de la acción de la justicia, destrucción de pruebas e intentos por copar las Fuerzas Armadas.
Por supuesto, no sorprende este nivel de descaro en un gobierno que hace tiempo perdió la vergüenza, pero sí hasta dónde más puede escarbar para intentar mantenerse en el poder. Como decíamos al inicio, siempre encuentran nuevos sótanos de abyección para sorprendernos.
