Hace unos días Julio Velarde, presidente del BCR, dio una serie de proyecciones sobre el crecimiento de la inversión y sus implicancias para retomar el camino de crecimiento. El señor Velarde señaló: “Si […] no nos preocupamos por destrabar inversiones y se detiene el desarrollo de los proyectos mineros, probablemente no podremos llegar al 6% (de crecimiento para el 2015)”. Preocupa, en este contexto, que también prediga que la inversión minera sufrirá caídas de 5,3% y 7% en el 2014 y 2015, respectivamente.
La minería, ese importante motor de la economía nacional, efectivamente no está pasando por su mejor momento. Si bien actualmente se están ejecutando grandes proyectos como Toromocho, Constancia, Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde, existe un vacío de nuevos megaproyectos en el horizonte. Además, la paralización de Conga y la indecisión en torno a Quellaveco (cuya salida se está demorando para más allá del 2017) suman al velo de incertidumbre sobre el futuro minero en el mediano plazo.
El tema es de lo más sensible. Esta industria actualmente compra el 15% de lo producido por la industria nacional, es responsable de un tercio de lo que recibe el Estado por Impuesto a la Renta y alimenta a 2,5 millones de peruanos (considerando a los trabajadores directos o indirectos y a sus familias). Eso, sumado a que por cada megaproyecto que tarda en construirse se priva al país de un crecimiento cercano a un punto porcentual, deja claro que algo debemos hacer para impulsar la generación de nuevas inversiones mineras.
Lamentablemente esta situación no tiene un buen panorama: existen más de 400 trámites y 180 normas que forman una “telaraña” regulatoria que impide que se agilicen las inversiones mineras. Según el consenso mayoritario de los empresarios y profesionales mineros la ‘permisología’ ha desplazado a la conflictividad social como el problema más acuciante para la minería. Ricardo Briceño, ex presidente de la Confiep, afirma que desde la década de 1990 hasta hoy, los ministerios del Ambiente, Cultura, Energía y Minas, Agricultura, la Dirección de Capitanías de la Marina, Osinergmin, la OEFA, gobiernos regionales y locales han creado sus propios mecanismos para el otorgamiento de permisos y licencias al sector, lo que genera que las empresas mineras, lejos de invertir, dediquen buena parte de sus esfuerzos en realizar trámites que, en algunos casos, hasta resultan contradictorios entre sí. Hoy, de hecho, las empresas mineras tardan entre ocho y diez años en conseguir permisos para realizar sus proyectos, cuando el plazo adecuado debería ser entre uno y dos años. La consecuencia es que actualmente el sector ya se encuentra con más de una decena de proyectos –cuyas inversiones suman unos US$22.000 millones– que están sufriendo retrasos debido a que aún se encuentran atrapados en esta telaraña de trámites.
Mayor prueba de todo esto se encuentra en la encuesta mundial anual a compañías mineras de todo el mundo que realiza el Instituto Fraser. En ella se determina cómo aquellas empresas perciben el potencial minero de cada país (sobre la base de los recursos geológicos) y qué tanto sienten que sus políticas gubernamentales fomentan la inversión en este sector. En el ránking de potencial minero el Perú ocupa el impresionante puesto 19 de 112 jurisdicciones. Pero en el ránking de políticas gubernamentales solo logramos un pálido puesto 56. Chile, en cambio, se ubica en el puesto 30 en este último ránking, por lo que no sorprende que tenga una cartera de proyectos mineros para los próximos siete años que duplica la nuestra.
Si bien el Ministerio de Energía y Minas ha creado una comisión especial para destrabar las inversiones mineras, se necesita de una reforma mucho más audaz y profunda que no puede esperar al siguiente gobierno. El ex ministro de Economía Luis Carranza ha señalado que sin la inversión minera nuestro país solo puede crecer entre 3% y 4%. Sería una pena que si el gobierno no tiene la decisión y habilidad necesaria para desenredar esta telaraña regulatoria nos condenemos a ese mediocre nivel de crecimiento.
Con la pérdida de crecimiento que señala Carranza, ya no podríamos eliminar la pobreza extrema. No había ninguna razón para que el Perú no continuara con la inversión minera, pues podíamos haber compensado la caída de precios con mayores volúmenes de producción, como lo hemos explicado en Lampadia. (Ver: El país resbala después de muchos años). Esta lamentable pérdida de por lo menos 4 puntos porcentuales de crecimiento anual, es responsabilidad del absurdo lenguaje anti-minero del gobierno. Una traición a su postulado de inclusión y que resulta hasta inmoral.
